Continúa el "juego de espías" en Argentina en un contexto marcado por la campaña electoral y las discusiones sobre el republicanismo y su división de poderes, la justicia como garante de la democracia y el Estado de derecho y su premisa de que no hay nada ni nadie por encima de la ley.
Luego del destape de un escándalo por acusaciones de espionaje ilegal realizado por jueces y fiscales con ayuda de los servicios de Inteligencia y de que se filtraran numerosas escuchas telefónicas obtenidas de forma ilegal, todos los dedos apuntaron a la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), que depende del Poder Ejecutivo.
Desligando a la Dirección de Asistencia en Delitos Complejos y Crimen Organizado, oficina que supervisa las escuchas y que depende de la Corte Suprema de Justicia, este máximo tribunal pidió a la Comisión bicameral de fiscalización de órganos de Inteligencia del Congreso que controle si la AFI realiza tareas ajenas a lo que los juzgados le solicitan y demandó al Consejo de la Magistratura que indague el uso que los jueces dan a este material.
Como respuesta, Gustavo Arribas, director general de la AFI, presentó un escrito a la Comisión parlamentaria en el que cuestiona la potestad de la Corte para limitar la autonomía del organismo, pidió desestimar la solicitud de supervisión ante las acusaciones de accionar criminal y acusó preocupación ante la recomendación del tribunal a los juzgados para que restrinjan los pedidos de asistencia y participación de la Agencia en las causas federales.
"No se puede aceptar este tipo de exhortaciones administrativas que, no solamente limitan o cercenan facultades legales de otros poderes, sino que a su vez se efectúan sin existir caso o controversia judicial alguna, quedando exclusivamente en el campo del prejuzgamiento", lee la nota, según publicó el periódico Página 12.
Luego de las filtraciones y las acusaciones cruzadas entre fiscalías y juzgados, miembros del oficialismo y la oposición propusieron eliminar o reformar por completo la AFI, un órgano que fue creado en marzo de 2015 luego de que fuera desmantelada la Secretaría de Inteligencia (exSIDE) con objetivos de depuración similares. El poder real de los organismos, que se teje en la oscuridad y el anonimato, y denunciados a lo largo de los años por su abuso como "apriete" político, está hoy nuevamente en el escrutinio público.
