"Durante la mañana se diligenciaron 27 órdenes, lo que permitió hasta el momento la captura de 19 personas. Además, a consecuencia de la misma investigación, se solicitarán antejuicios contra 10 diputados", informó la CICIG en su web oficial, al destapar el caso denominado "Asalto al Ministerio de Salud Pública".
Los supuestos ilícitos ocurrieron durante el mandato del expresidente Otto Pérez Molina, llevado a juicio y encarcelado tras una investigación de la propia CICIG, y consistieron en el cobro de comisiones irregulares para la construcción y remozamiento de hospitales, adquisición de bienes y servicios, y contratación de plazas.
Según el comunicado publicado por la CICIG en su web oficial, la estructura criminal se aprovechó de las pérdidas materiales provocadas por el terremoto de noviembre de 2012 en el sistema de salud para, entre otros delitos, entregar unas 450 plazas como pago a favores políticos.
Al menos 19 personas ya fueron detenidas, 10 más fueron declaradas prófugas, entre ellas el exministro Jorge Alejandro Villavicencio, 84 fueron llamadas a declarar y fue solicitado el retiro de la inmunidad parlamentaria a 10 diputados del Congreso presuntamente involucrados, entre ellos el excandidato presidencial Estuardo Galdámez.
Luego de casi tres años de trabajo conjunto, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) y la CICIG determinaron cómo operaba la estructura dentro del Ministerio de Salud Pública, la cual ocasionó "un detrimento importante del erario público mediante la asignación de contratos con el fin de obtener un beneficio individual ilícito".
El comunicado señala que en los ilícitos participaron diputados que usaron documentación oficial (papel membretado) del Congreso para dar instrucciones sobre el personal, tipo de plaza y salario para los nombramientos en los distintos puestos del Ministerio.
Esta podría ser una de las últimas investigaciones de la CICIG, cuyo mandato concluye en noviembre próximo, tras el torpedeo a sus funciones por parte del gobierno del presidente Jimmy Morales.
Entre 2007 y 2018, la CICIG apoyó al Ministerio Público en la investigación de estructuras criminales infiltradas en las instituciones del Estado, y logró presentar más de 100 casos, varios de estos estrechamente relacionados con violaciones de derechos humanos en el país.
Durante ese período, los tribunales guatemaltecos empezaron a dictar sentencias contra ex comisionados militares, y miembros de la policía y el Ejército, incluyendo sus altos mandos, pero con la llegada de Morales al poder, en 2015, comenzó un cuestionamiento a la labor del mecanismo implementado con apoyo de Naciones Unidas.
El 31 de agosto de 2018, el jefe de Estado anunció que no prorrogaría el mandato de la CICIG, que terminará el próximo 3 de septiembre, y Porras tampoco adoptó las medidas para garantizar la continuidad de entes como la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), lo cual amenaza más de 70 casos conjuntos.
