Sin embargo, de acuerdo al economista Emilio Chernavsky, lo aprobado hasta el momento es una versión diluida de lo que pretendía la cartera de economía. El documento original reformaba no solo la edad mínima sino los años de aporte a la seguridad social necesarios para acceder al cobro.
Allí se establecía que las mujeres debían contar con 15 años de aportes, los hombres con 20 y los funcionarios públicos con al menos 25 años en funciones, condiciones que dificultaban el pleno acceso a la prestación.
"De esa forma se iba a sacar la posibilidad de jubilarse a mucha gente. Brasil es un país que tiene una informalidad en el mercado de trabajo grande, que hoy supera el 50% (de los trabajadores), entonces así mucha gente perdería la posibilidad", apuntó Chernavsky en diálogo con Sputnik.
Además el Gobierno buscaba cambiar el actual sistema de repartición por el de capitalización, punto que también fue quitado por los legisladores, al menos momentáneamente.
"Lo que querían era implantar las capitalizaciones, mediante las cuales las personas hacen aportes en cuentas individuales a su nombre, para pagar sus propias jubilaciones al retirarse", explicó.
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Este cambio, que se asemeja el sistema al de Chile, "sería una gran fuente de negocios para las aseguradoras privadas y sectores del sistema financiero pero, en general, no lo sería para los beneficiarios", puesto que muchos quedarían excluidos.
Las estimaciones iniciales arrojaban como resultado de la reforma un ahorro potencial de 250.000 millones de dólares en 10 años. Para Chernavsky, en cambio, el número podría ser menor debido a las enmiendas y a la falta de transparencia manejada en el cálculo, que no permite tener información completa sobre las prospecciones.
