Durante una rueda de prensa celebrada el 9 de julio, Lam descartó la posibilidad de retomar los trámites para sacar adelante esa normativa polémica.
"Reitero aquí que no existen tales planes. El proyecto de ley está muerto", afirmó.
Centenares de miles de manifestantes, según Lam, protestaron pacíficamente contra el proyecto, ejerciendo la libertad de expresión que es uno de los valores fundamentales de Hong Kong.
Al mismo tiempo, la jefa del Ejecutivo señaló que "una parte ínfima aprovechó esa oportunidad para cometer actos violentos y vandálicos que socavan el imperio de la ley".
Las demandas de amnistía para los infractores, dijo, son "inadmisibles, porque se contradicen con el Estado de derecho".
El 9 de junio, más de un millón de personas tomaron las calles de Hong Kong para oponerse al polémico proyecto de ley que permitiría a Hong Kong entregar a prófugos a los territorios con los que no tiene acuerdos formales de extradición, como Taiwán, Macao y la China continental.
Quienes impugnan la normativa temen que daría luz verde para entregar a Pekín a disidentes políticos, además de funcionarios corruptos.
El 15 de junio el Gobierno suspendió el controvertido proyecto de ley, pero se negó a revocar por completo las enmiendas correspondientes.
Al día siguiente, unos dos millones de hongkoneses, según los organizadores —o unos 338.000, según la policía volvieron a salir a las calles para reiterar su rechazo a la ley, condenar el uso de la fuerza contra los manifestantes y demandar la dimisión de Lam.
El 1 de julio, en el 22º aniversario de la devolución de Hong Kong a China, centenares de manifestantes radicales irrumpieron en la sede parlamentaria y vandalizaron las oficinas.
El Gobierno central en Pekín condenó en términos enérgicos el incidente e instó a las agencias pertinentes a investigar la responsabilidad penal de los implicados.
