"El sector Defensa es cero tolerante con las infracciones a la Ley y la Constitución, por eso se llama a calificar servicios al general Jorge Romero, comandante de Acción Integral del Ejército", dijo el ministro de Defensa, Guillermo Botero, en declaraciones a la prensa.
El lunes la Procuraduría anunció la apertura de investigaciones a Romero y otros militares.
En su declaración, Botero anunció que el Gobierno respalda las investigaciones que hay en curso contra los también generales Adelmo Fajardo, subcomandante del Ejército, y Eduardo Quiroz, de contrainteligencia.
"El general Adelmo Fajardo, segundo comandante, solicitó vacaciones para preparar su defensa, el general Eduardo Quiroz será trasladado mientras se resuelve su situación", dijo Botero.
El ministro agregó que los hechos ocurrieron en el anterior Gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018) y que la administración actual se tomará "el tiempo necesario para analizar cada caso de manera individual".
Entre los años 2002 y 2008 (durante el Gobierno del derechista Álvaro Uribe) brigadas del Ejército en todo el país asesinaron de manera extrajudicial a miles de civiles para reportarlos como guerrilleros caídos en combate, en lo que se conoce como casos de "falsos positivos", con los cuales los militares recibían ascensos y beneficios.
Según publicó la revista colombiana Semana el pasado domingo, Quiroz habría ofrecido el equivalente a 31.000 dólares y hasta "seis meses de permiso" a quien le entregara información sobre los militares que hablaron con The New York Times.
"Aquí no hay ninguna crisis institucional, el Ejército Nacional continúa monolíticamente unido, hay eventualmente unas personas que han transgredido la ley y contra ellas se tomarán todas las medidas bien administrativas, disciplinarias cuando corresponda o las denuncias penales pertinentes", dijo Botero.
Por su parte, el general Fajardo es investigado por haber usado dineros oficiales para gastos personales y viajes familiares fuera del país.
