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El presidente catalán pide recusar al juez que le procesó por desobediencia

© AP Photo / Manu FernandezQuim Torra, presidente de la Generalitat de Cataluña
Quim Torra, presidente de la Generalitat de Cataluña - Sputnik Mundo
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MADRID (Sputnik) — El presidente catalán, Quim Torra, pidió al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña la recusación del magistrado que le procesó por la posible comisión de un delito de desobediencia tras su negativa a acatar las resoluciones de la Junta Central Electoral contra el uso de símbolos independentistas en edificios públicos.

En concreto, la defensa de Torra presentó un escrito de recusación en el que pide la retirada del magistrado instructor Carlos Ramos, al que acusa de llevar el caso con "una falta absoluta de imparcialidad"

Según los argumentos de la defensa del presidente catalán, el juez instructor desplegó un "auténtico ánimo prejuzgador" que presenta al líder independentista como culpable de unos hechos que aún no fueron objeto de juicio oral.

El TSJC dio por finalizadas las diligencias del caso el pasado 27 de junio, determinando que "los hechos investigados podrían ser constitutivos de un delito de desobediencia" o incluso de "denegación de auxilio a la autoridad competente", lo que deja a Torra a un paso de ser llevado a juicio.

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El caso se remite a unos sucesos que arrancan el pasado 11 de marzo, cuando la Junta Electoral Central de España ordenó la retirada de simbología independentista de los edificios públicos catalanes.

En su resolución, la Junta señalaba que la simbología independentista es legítima, pero recordaba que, sobre todo en periodo preelectoral, los edificios públicos deben mantener una "rigurosa neutralidad política".

La orden se refería, en concreto, al uso de la estelada (la bandera independentista catalana) y los lazos amarillos utilizados para homenajear a los nueve líderes catalanes encarcelados.

Pese a la resolución de la Junta Electoral, la sede del Gobierno catalán siguió luciendo símbolos independentistas durante varios días hasta que finalmente fueron retirados el 21 de marzo tras recibir varios ultimatums de la Junta Electoral, que alertó sobre las posibles consecuencias penales del incumplimiento.

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Una vez retirados los lazos y las banderas, la Fiscalía presentó una querella contra el presidente catalán en la que se afirmaba que su actuación podía ser constitutiva de un delito de desobediencia porque ignoró de forma reiterada requerimientos "claros y expresos" provenientes de "la máxima autoridad administrativa en materia de los procesos electorales".

Según el juez instructor Carlos Ramos, el presidente Torra mostró un "firme" propósito de "incumplir" o "retrasar" el cumplimiento del mandato de la Junta Electoral mediante distintas argucias aplicadas con una "voluntad decididamente obstativa".

En opinión de la defensa de Torra, la presencia de este tipo de expresiones en los autos del TSJC evidencian una falta de imparcialidad que se debe a un "especial interés" en que el líder independentista sea llevado al banquillo de los acusados.

​En caso de ser encontrado culpable de desobediencia, Quim Torra podría ser castigado con penas de inhabilitación para ejercer cargos públicos, lo que le haría perder su actual posición de presidente de la Generalitat.

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