La nota enfatiza que el uso de armas de fuego es una medida extrema, a la que solo se debe recurrir cuando las instituciones policiales no puedan reducir o detener con medios menos letales a quienes amenazan la vida e integridad de otras personas.
Asimismo, la CIDH llama a las personas sumadas al paro de los sectores de educación y salud a no realizar actos de violencia, y abogó por habilitar canales de interlocución genuinos para canalizar los reclamos de los manifestantes.
"La Comisión condena los hechos de violencia donde ha habido la afectación a la vida e integridad de las personas; e insta al Estado a adoptar las medidas necesarias para que sean investigados de manera pronta, exhaustiva y diligente", agrega el comunicado.
La reivindicación laboral de médicos y maestros fue acompañada por ciudadanos que reclaman la renuncia del presidente Juan Orlando Hernández, quien ordenó a la Policía Militar y a efectivos del Ejército salir a las calles a restaurar el orden.
Esmeralda Arosemena, presidenta de la CIDH, recordó al Estado de Honduras que el resguardo de la seguridad pública corresponde a la policía civil y advirtió que la Comisión continuará el monitoreo de la situación.
Las protestas contra Hernández comenzaron en mayo pasado, en reclamo por la derogación de los decretos ejecutivos PCM-026 y PCM-027, considerados la base para una futura privatización de la educación y la salud pública en Honduras, con una consiguiente ola de despidos.
El Gobierno derogó ambos decretos, pero persisten las protestas que reclaman la renuncia de Hernández, a quien muchos consideran un "usurpador" por el supuesto fraude electoral que propició su reelección presidencial en 2017.
