La campaña consiste en la "intimidación, amenazas, hostigamiento e investigaciones penales contra personas que defienden los derechos humanos de las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo en la frontera de México y EEUU", dice el informe de 50 páginas.
La organización fundada en 1961 en Londres denuncia que el "hostigamiento jurídico de motivación política" revela que los departamentos federales de Seguridad Interior y de Justicia de EEUU "hacen cada vez más un uso indebido del sistema de justicia penal para disuadir a activistas, profesionales de la abogacía, periodistas y personas voluntarias" que defienden los derechos de los indocumentados.
Esas personas acosadas se dedican a prestar ayuda humanitaria, cuestionar o simplemente documentar las violaciones de derechos humanos que cometen en "forma sistemática" las autoridades locales contra personas migrantes y solicitantes de asilo en ese país, dijo la división estadounidense de AI.
A finales del año pasado estalló en la frontera sur de EEUU "una crisis de derechos humanos" que AI considera una consecuencia de las "políticas ilegales de asilo" de las autoridades domésticas, que están devolviendo a México grandes cantidades de personas a la espera de sus citaciones a cortes de inmigración.
Esos extranjeros "devueltos", que según autoridades mexicanas ya suman 14.000 personas y el número podría elevarse a 60.000 este año, son expulsados de EEUU "incluso después de haber solicitado protección, lo que supone negarles el debido proceso en su solicitud de asilo", denuncia Amnistía.
La administración del presidente Donald Trump "ataca a quienes defienden los derechos humanos con el uso indebido y discriminatorio del sistema de justicia penal, precipitándose así hacia el autoritarismo", afirma la investigación.
Deshonra de Trump con apoyo de México
Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, señala que el Gobierno de Trump "se deshonra al amenazar e incluso enjuiciar a sus propios ciudadanos y ciudadanas por su trabajo esencial para salvar la vida de personas en situación desesperada en la frontera" .
Trump ha amenazado con detener y deportar a millones de personas que residen de forma irregular en el país, incluidas las que tienen familiares con la ciudadanía estadounidense.
Las "acusaciones falsas de tráfico de personas" son emprendidas solo por tratar de ayudar a comunidades amenazadas, dice la responsable de la organización.
En algunos casos, "las autoridades estadounidenses y mexicanas han colaborado en la imposición de restricciones ilegítimas a personas que defienden los derechos humanos en su frontera común", según el informe.
Amnistía Internacional entrevistó a 23 personas defensoras de los derechos humanos que detallaron las restricciones de las que han sido objeto debido a sus actividades profesionales.
En total, 10 de ellas, cinco activistas, tres profesionales de la abogacía y una religiosa, fueron incluidas en una lista de control de vigilancia del DHS como parte de una cuestionable investigación penal sobre tráfico de personas.
Esas personas describieron de forma similar el modo en que las autoridades estadounidenses han utilizado la región de la frontera para "hacer redadas de carácter penal, abusando de su autoridad a fin de realizar registros injustificados, interrogar a quienes viajan sobre su situación económica y redes profesionales, y registrar sus dispositivos electrónicos, aparentemente para instruir causas penales contra ellas".
Aunque las investigaciones más amplias se dirigieron contra las personas que apoyaron a una gran caravana de personas migrantes y solicitantes de asilo en noviembre de 2018, las autoridades siguen dirigiéndose contra esas y otras personas desde entonces.
"El mero hecho de ayudar a solicitantes de asilo a conocer sus derechos y a pedir protección en un punto de entrada oficial" es motivo de imputaciones infundadas, explica la organización internacional.
Las autoridades estadounidenses someten a defensores a "vigilancia injustificada, interrogatorios, registros invasivos, restricciones para viajar y, en casos aislados, a arresto falso y detención ilegítima", denuncia AI.
Esas acciones gubernamentales estarían violado la Constitución de EEUU, la legislación estadounidense y el derecho internacional, políticas del departamento de Seguridad Nacional, y normas que prohíben las restricciones discriminatorias de la libertad de expresión.
En lo que va de año, las autoridades estadounidenses han enjuiciado penalmente a nueve voluntarios de la organización "No More Deaths/No Más Muertes" por prestar ayuda humanitaria a migrantes y solicitantes de asilo en la frontera de Arizona con México, donde miles de personas han perdido la vida en las últimas dos décadas.
