"Más de la mitad de la población uruguaya está de acuerdo en que habría que aumentar las penas para todos los delitos. De hecho, tres de cada cuatro encuestados tienden a estar totalmente de acuerdo o bastante de acuerdo con este tipo de medidas", sostiene el artículo "Actitudes hacia el castigo penal: ¿Qué tan punitivos son los uruguayos?", en el que se analizan los datos del sondeo.
El trabajo destaca además que 25% de los entrevistados se manifestaron a favor de la pena de muerte para quienes cometan homicidios, aunque "más de la mitad de los encuestados está totalmente en desacuerdo o en desacuerdo con utilizar castigos tan drásticos para este tipo de delito".
Los autores del trabajo califican de "preocupante" la "clara tendencia" a optar por la privación de libertad para distintos tipos de delito, como rapiñas (80%), lesiones (79%) e hurtos (78%).
"Las penas alternativas [a la prisión] no son consideradas un instrumento viable o adecuado para muchos uruguayos", sostiene el trabajo.
Uruguay atraviesa una importante crisis de seguridad.
En 2018 se registraron 414 homicidios, cifra récord para este país sudamericano, que supuso además un incremento de 45,8% respecto del año anterior.
Uruguay tiene además un sistema penitenciario colapsado, con casi 11.000 presos y una tasa de 333 reclusos cada 100.000 habitantes, por lo que el país se ubica en el lugar 28 del ranking mundial sobre proporción de población carcelaria.
El coordinador del Nacvi y uno de los autores del trabajo, Nicolás Trajtenberg, destacó la importancia de contar con una encuesta tan amplia para comenzar a entender que las preferencias punitivas no son estáticas y que en estas influye mucho la manera en que se realizan las preguntas en las encuestas.
"Hay niveles importantes de punitividad en la población uruguaya, pero cambia bastante según cómo preguntemos. Incluso cuando preguntás por un delito como el homicidio, la forma en que lo preguntes altera bastante la respuesta", dijo a esta agencia Trajtenberg, doctor en criminología por la Universidad de Cambridge.
Rehabilitación
Trajtenberg señaló además que el hecho de que una persona esté a favor de incrementar las penas para determinados delitos, no significa que se oponga a los programas de rehabilitación.
"Las personas no son homogéneamente punitivas, y en parte es porque la punitividad involucra cosas distintas; incluso parte de la ciudadanía más conservadora podría estar a favor de ciertas medidas más punitivas, pero no por eso estar en contra de que haya programas de tratamiento" para rehabilitar a los convictos de delitos, argumentó.
La encuesta muestra que, pese la tendencia punitiva, casi tres de cada cuatro entrevistados se manifestaron de acuerdo o totalmente de acuerdo con que se apliquen medidas alternativas a la prisión, como el trabajo comunitario y la libertad vigilada, entre otras.
Solo un 9% de los encuestados "están completamente en desacuerdo" con una respuesta penal que no implique la privación de libertad.
Un dato interesante del relevamiento muestra que "existe una fuerte sensación de fracaso asociada a la rehabilitación".
En cifras, el 70% de los entrevistados consideraron que la aplicación de políticas de rehabilitación "ha demostrado ser un fracaso", mientras que seis de cada diez estimaron "que ha sido una forma de que los delincuentes eviten ser castigados como realmente merecen", dice el estudio.
Ciudadanía punitiva
Para el criminólogo uruguayo, este tipo de encuestas son importantes porque sus datos son los que tienen que encaminar la creación y aplicación de las políticas, que suelen derivarse de percepciones que no siempre se condicen con la realidad.
"La mayoría de la gente, los políticos, tienen la idea de que la gente es punitiva, que la gente reclama sangre y quiere aplicar mano dura de distintas maneras, [y] nos parecía importante empezar a generar medidas para efectivamente ver si los uruguayos son tan punitivos como se cree y como lo cree sobre todo la clase política, que es la que intenta aplicar cambios", explicó Trajtenberg.
No obstante, una "encuesta estática" como la que realizó el Nacvi "tampoco es la mejor manera de entender" el fenómeno, "porque las preferencias de las personas son dinámicas y flexibles", observó.
No existe en Uruguay una sistematización de estos trabajos que permitan identificar tendencias, según el experto.
"Es importante que los políticos no se refugien en una ciudadanía punitiva", incluso si hubiera una tendencia en ese sentido, observó.
"Los actores políticos no se pueden refugiar en que son una mera correa de transmisión de las preferencias ciudadanas; tienen una función mucho más importante que es debatir, discutir y construir una agenda, tomando como insumo a la ciudadanía", explicó Trajtenberg.
Vivir sin miedo
Este concepto debería aplicarse ante el plebiscito que se votará el próximo 27 de octubre y que propone una reforma constitucional para habilitar los allanamientos nocturnos, la creación de la prisión permanente revisable, la eliminación de beneficios liberatorios para las personas privadas de libertad por delitos graves y la creación de una guardia nacional con militares.
En esa propuesta conocida como "Vivir sin miedo" que impulsó el senador y exprecandidato del opositor Partido Nacional, Jorge Larrañaga, convergen según Trajtenberg algunos datos de la encuesta.
De acuerdo al sondeo, 57% de los entrevistados están de acuerdo o totalmente de acuerdo en "perder ciertas garantías a manos de la fuerza policial" a cambio de un mejor control del delito.
Esta posibilidad es rechazada fuertemente por tres de cada 10 encuestados.
Además, 75% de los entrevistados consideraron que el sistema de justicia criminal "ha tendido a darle más relevancia a los derechos de los que cometen delitos que a los derechos de las víctimas".
Estos son "datos complicados, preocupantes", en los que Uruguay "se juega el partido", afirmó el criminólogo.
"En ambos casos hablan de una actitud que dice que el sistema de garantías es un obstáculo para que podamos controlar bien el crimen", observó.
Trajtenberg añadió que "una parte de la ciudadanía que está optando por medidas punitivas y pueden estar apoyando el plebiscito, porque no puede visibilizar una alternativa".
Esta imposibilidad, añadió, obedece a que "los otros actores políticos del Gobierno, o la academia, o los periodistas, no somos capaces de plantear y de comunicar alternativas atractivas, claras, entendibles, que entren en el juego".
Quien apoya el plebiscito es una persona que "ve cómo empeora su vida, ve que el Gobierno dice cosas pero no le da resultados directos y está angustiada, y lo que ve es otra alternativa, que probablemente no le parezca lo mejor, ni la entienda mucho, pero es lo único a lo que puede aferrarse", dijo Trajtenberg.
La encuesta y el estudio tienen también como coautoras a las sociólogas Ana Vigna, Clara Musto y Victoria Gambetta, todas especialistas en el tema e integrantes del Nacvi.
El sondeo se hizo en agosto de 2018 mediante entrevistas a 895 personas, hombres y mujeres mayores de 18 años residentes en zonas urbanas y rurales.
