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La reclamación de los papeles de Assange queda lista para sentencia en Londres

© AP Photo / Frank AugsteinEl retrato de Julian Assange
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LONDRES (Sputnik) — El recurso presentado ante el Tribunal superior administrativo británico para acceder a documentos sobre Julian Assange de los archivos del Servicio Fiscal de la Corona (CPS, por sus siglas en inglés), ha quedado listo para sentencia este 1 de julio.

El juez Edward Mitchell presidió la apelación de la periodista italiana, Estefania Maurizi, contra la decisión del tribunal inferior en derecho a la información (FTT), que respaldó la negativa de la Fiscalía a divulgar todos sus ficheros sobre el cofundador de WikiLeaks.

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La redactora de investigación de la Repubblica reclama, desde septiembre de 2015, acceso a toda la correspondencia del CPS con su homólogo sueco, el SPA, los Departamentos de Estado y de Justicia de Estados Unidos y la Embajada de Ecuador en el Reino Unido.

Su abogado, Philip Coppel, apuntaló la apelación en tres "errores" fundamentales en la interpretación y aplicación de la ley por parte de la Oficina del Comisionado de Información, la Fiscalía y el FTT.

"Son puntos de ley bastante esotéricos y, aunque el juez del tribunal ha sido justo en sus preguntas, apenas ha dejado entrever sus opiniones y es difícil inferir cómo va a gestionar el caso", declaró a Sputnik, la abogada Estelle Dehon, del equipo de Maurizi.

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En la argumentación ante el juez, su colega del despacho Cornershop rebatió la forma y el límite temporal en torno a 2015 que aplicó el tribunal inferior al valorar la decisión del servicio fiscal de que abrir los ficheros sobre Assange es contrario al interés público.

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"El enfoque del FTT fue erróneo", arguyó Coppel.

El letrado puso después en cuestión el principio de 'Ni se admite ni se niega' al que por lo general se aferran las entidades públicas británicas para mantener sus ficheros bajo un velo de opacidad.

En este caso, el FTT adoptó la hipótesis de que toda correspondencia entre el CPS y la embajada de Ecuador "únicamente podría contener, de existir, una consulta o una petición de extradición" del entonces gobierno de Rafael Correa del profesional australiano que llevaba asilado en la legación de Londres desde 2012.

"La idea de que Ecuador se comunicara con el CPS para extraditar a Assange es sumamente imposible, por expresarlo educadamente", denunció el abogado apelante.

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En el campo contrario se formó una triple línea de defensa, con representantes legales del Comisionado de Información (ICO), el CPS y la Cancillería británica.

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Robin Hopkins, por el ICO, expuso varios precedentes judiciales en aval de la valoración original sobre interés público al tiempo de la solicitud de los documentos.

Rechazó así el "punto de ley" razonado por el equipo de Maurizi en el sentido de que el FTT debió tener en cuenta cambios en las circunstancias y los hechos relacionados con Assange que surgieron en los dos años de demora hasta la revisión del caso en 2017.

El abogado del ministerio de Exteriores invocó el principio de confidencialidad en las comunicaciones entre distintos Estados, que se recoge en la Convención de Viena.

Finalmente, minutos antes de levantar la sesión en la sede de Chancery Lane, en el centro de Londres, el juez Mitchell anunció su intención de dictar sentencia esta misma semana.

El interés del público sorprendió a los bedeles del tribunal, que decidieron habilitar una sala de mayor tamaño que la prevista inicialmente para acomodar a la treintena de activistas y defensores de la libertad de prensa y el acceso a la información oficial que se personaron en el juzgado atraídos por el caso Assange.

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