La reportera de investigación de la Repubblica solicitó la documentación al CPS en septiembre de 2015, en base a que su divulgación va en el interés del público según dispone la Ley de Libertad de Información.
Los abogados de la periodista recurrirán la sentencia, favorable al servicio fiscal, que dictó el tribunal de primera instancia (FTT), en diciembre de 2017.
Maurizi impugnará tres puntos fundamentales de ley, según resumió a Sputnik su equipo legal en el despacho Cornerstone.
Los abogados argumentarán que el FTT "erró en su evaluación" de si es en el interés público divulgar los papeles puesto que "debió tener en consideración los cambios registrados en el caso Assange" hasta el inicio del mismo juicio en 2017.
Por el contrario, la resolución del tribunal limita el arco temporal de la justificación del interés público al momento en que la Fiscalía tomó su decisión original dos años antes.
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El equipo legal rebatirá también la legitimidad de la Fiscalía al rechazar admitir o negar si tiene correos electrónicos, cartas u otra forma de mensajes de Ecuador o Estados Unidos referentes al cofundador de Wikileaks.
La resolución del caso puede sentar precedente en futuras reclamaciones de información a los entes públicos del Reino Unido, según advierte una nota legal de Cornerstone remitida a esta agencia.
Si Maurizi gana el recurso, el FTT deberá convocar un nuevo juicio contra la Fiscalía británica.
Si lo pierde, tendrá la opción de apelar hasta el Supremo del Reino Unido y ante la Corte Europea de Derechos Humanos.
