En nota divulgada en sus redes sociales, la casa de altos estudios consideró "inadmisible la incursión de efectivos de seguridad pública al Campus Universitario y que dejó un lamentable saldo de personas heridas, entre ellos varios estudiantes".
"La protección del derecho a la vida debe ser la prioridad del Estado y por eso es fundamental regular, limitar e investigar el uso de la fuerza policial, al tiempo que deben existir protocolos de respuesta ante situaciones de extrema conflictividad", agrega el pronunciamiento de la UNAH.
La institución negó además que la policía consultara a las autoridades universitarias sobre la escalada represiva del pasado 24 de junio, las cuales "hubiesen sido frenadas inmediatamente", agrega el mensaje.
Además de rechazar el uso excesivo y abusivo de la fuerza por parte de la policía, la Junta responsabilizó también a ciertos sectores estudiantiles e intereses políticos partidaristas "que pretenden convertir la UNAH en una extensión del campo de batalla en que pretenden sumir al país".
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Francisco Herrera, rector de la UNAH, también condenó las acciones "irresponsables" de la Policía Militar al entrar al campus universitario y disparar contra el estudiantado, y negó que el ingreso fuera autorizado.
"En ningún momento autorizamos el ingreso de las fuerzas de seguridad pública a Ciudad Universitaria. Es algo que no podemos tolerar y vamos a tener que tomar las decisiones radicales ante una situación como esta. Estamos pendientes de los jóvenes que resultaron heridos", divulgó Herrera en su cuenta de la red social Twitter.
En ningún momento autorizamos el ingreso de las fuerzas de seguridad pública a Ciudad Universitaria. Es algo que no podemos tolerar y vamos a tener que tomar las decisiones radicales ante una situación como esta. Estamos pendientes de los jóvenes que resultaron heridos.
— Rector Herrera A. (@UNAH_Rectoria) 25 de junio de 2019
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por los actos violentos en la UNAH, al igual que la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras.
Tras reunirse con el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, Hernández ordenó el 20 de junio el despliegue de militares para acompañar las acciones de la Policía Nacional, que se había sumado a la huelga iniciada por maestros y médicos, secundada luego por los transportistas de carga.
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El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh) denunció la muerte violenta de tres personas, dos de ellas con arma de fuego, cuyo calibre correspondería al arma oficial que utiliza la Policía Militar, así como 29 heridos de gravedad y la detención ilegal de 41 ciudadanos.
El Gobierno derogó ambos decretos, pero persisten las protestas que reclaman la renuncia de Hernández, a quien muchos consideran un "usurpador" por el supuesto fraude electoral que propició su reelección presidencial en 2017.
