La presión de la nueva política se ha hecho sentir. Además de la presencia disuasiva que generan los elementos de la Policía Militar asignados a la Guardia Nacional —parte del equipo de seguridad que acompaña a los agentes del Instituto Nacional de Migración (INM)— el "efecto tapón" es palpable en el sur de México.
Por un lado, las compañías de transporte público rechazan el documento de "visa humanitaria" expedido por el INM para vender pasajes a los migrantes que ya han logrado regularizar su situación en México, impidiendo su movimiento por el país.
Por otro, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) obliga a los solicitantes de refugio a permanecer allí donde hayan iniciado su trámite, perdiendo su oportunidad si abandonan esa ciudad donde semanalmente deben firmar en la oficina correspondiente. Y la oficina más al norte del país se ubica en la Ciudad de México, prácticamente a mitad de camino entre las fronteras sur y norte.
Aunque muchas personas relataron a Sputnik su voluntad de trasladarse hacia el norte de México para buscar allí mejores oportunidades laborales, la Comar ha rechazado sus solicitudes, creando una sobrepoblación en el sur del país con gente que no tiene ninguna certeza de cuándo o cómo cambiará su destino.
¡Documentos!
Por un lado, México ha multiplicado los controles, exigiendo que las empresas de transporte público pidan documentos para vender pasajes a cualquier persona que desee viajar por el país.
Así, camina a replicar el modelo norteamericano creado en el Gobierno de George Bush con el Programa 'Comunidades Seguras', activo entre 2008 y 2014, que permitía que cualquier autoridad policial tuviera acceso a una gran base de datos en la que chequeaban el estatus migratorio de cualquier persona, aunque no hubiese cometido ningún delito.
Según la legislación mexicana, la potestad para revisar el estatus migratorio de una persona —a través del requerimiento de sus documentos— está únicamente en manos de los agentes del INM. Ni los militares, ni los policías de ninguna de las corporaciones, ni los asignados a la recientemente creada Guardia Nacional pueden hacerlo. Mucho menos los empleados de una empresa privada de transporte.
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Sputnik pudo saber que las compañías rechazan incluso el documento oficial expedido por el INM que tienen aquellas personas que ya han obtenido su visa en México durante el año pasado y el mes de enero de 2019, cuando el país entregó unas 18.000 visas humanitarias previo a cancelar el programa y liberar la cacería actual.
Miles de retenes
El grueso del despliegue de los militares que conforman el primer contingente en nutrir la Guardia Nacional está en Ciudad Hidalgo, un municipio en el extremo sur de México, sobre la frontera con Guatemala. También están en la ruta que conecta a ese pueblo con Tapachula, la principal ciudad limítrofe de Chiapas.
Pero los elementos también han sido desplegados en menor medida en los retenes montados por el INM en las entradas y salidas de Palenque (Chiapas) y a lo largo de 64 kilómetros de la ruta México 203, que conecta el paso fronterizo de El Ceibo con Tenosique (Tabasco). Oficialmente, su despliegue como Guardia Nacional en estas zonas se oficializará el 1 de julio.
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En este caso, los elementos de la Guardia Nacional —identificados únicamente con un brazalete— patrullan diariamente junto a dos camionetas de migración (las llamadas "perreras", que funcionan cómo cárceles móviles), a lo largo de ese recorrido.
Esa fuerte presencia policial y militar no ha impedido que los migrantes en tránsito sigan siendo víctimas de delitos, como lo prueba el secuestro de siete personas —entre ellos tres niños y un adolescente— en la madrugada del sábado 22 de junio, en el kilómetro 3 de esa ruta densamente patrullada, como denunciaron dos sobrevivientes a Sputnik.
Efecto retorno
El Ceibo es también la frontera por la que, poco a poco, algunas familias de refugiados han emprendido el retorno hacia los países que los expulsaron. Ese fue el caso de una familia que conversó con Sputnik.
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Tras pasar tres meses varados en Palenque sin obtener avances en el proceso que presentaron ante la Comar, los integrantes de este núcleo decidieron volver a su país natal.
Esta familia recibió el apoyo económico que la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) brinda a los solicitantes de protección en México. Sin embargo, este dinero resultó muy poco para sobrevivir en una zona turística como Palenque, cercana a las zonas arqueológicas mayas de México y Guatemala, donde los precios de la comida y el hospedaje dilapidan el dinero mucho más rápido.
Los 3.000 pesos mexicanos (150 dólares) que ACNUR les dio por mes, “se iban en una semana”, según explicó a Sputnik la madre de esta familia que decidió regresar.
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Como su trámite inició en Palenque, no pudieron trasladarse a otra ciudad mexicana que les permitiera sobrevivir en mejores condiciones. Eso, sumado al denso clima represivo los decidió a salir de México y abandonar la respuesta ensayada a la violencia que originalmente los expulsó de casa.
"Mi nena mayor le teme a la Policía", comentó la jefa de familia.
México no ha brindado cifras sobre este silencioso retorno, que parece liberarlo del "problema de los refugiados", pero sólo los saca de la vista y adelgaza las cifras, tal como han exigido los sucesivos Gobiernos de EEUU durante la última década.
