"Ya no concederemos ninguna licencia para la exportación de equipamiento antidisturbios a Hong Kong hasta que estemos seguros de que las preocupaciones sobre los derechos humanos y las libertades fundamentales estén tratadas debidamente", dijo Hunt durante una rueda de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Mancomunidad de Naciones.
Añadió que los resultados de esta investigación determinarán cómo Londres responderá a las futuras solicitudes de la policía de Hong Kong sobre las licencias para la exportación de equipamiento antidisturbios.
El 9 de junio, más de un millón de hongkoneses se echaron a las calles para manifestar su rechazo al proyecto de ley que permitiría a Hong Kong entregar sospechosos a los territorios con los que no tiene acuerdos formales de extradición, como Taiwán, Macao y la China continental.
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Quienes impugnan la normativa temen que a la China continental sean extraditados no solo funcionarios corruptos sino también disidentes políticos.
El 15 de junio, la jefa del Ejecutivo de Hong Kong, Carrie Lam, suspendió el controvertido proyecto de ley, pero se negó a revocar por completo las enmiendas correspondientes, o a pedir disculpas por los conflictos que provocó la campaña gubernamental a favor de la normativa.
Durante una rueda de prensa, Lam argumentó que es un proyecto sensato, aunque admitió que hubo deficiencias en el manejo del asunto por las autoridades.
Sin embargo, al día siguiente unos dos millones de personas volvieron a tomar las calles para protestar por la polémica ley y al mismo tiempo exigir la dimisión de Lam, que esta vez accedió a presentar las disculpas de su Gabinete por la situación.
