Por lo tanto, la Administración ofrecerá un apoyo solidario en la medida de sus posibilidades, además de reformar a los cuerpos policiales para que no cometan violaciones de derechos humanos en contra de los migrantes.
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El despliegue de agentes de la Guardia Nacional y la Policía Federal reforzará la presencia militar en la frontera sur, acción que tiene como objetivo detener de forma significativa el paso de migrantes ilegales de Centroamérica. El compromiso del Gobierno mexicano de desplegar 6.000 agentes en la frontera sur corre el riesgo de incrementar las violaciones de derechos humanos de los migrantes centroamericanos; que exacerbaría la violencia y aumentaría el riesgo de que los migrantes tomen rutas más riesgosas poniéndose en una situación vulnerable frente a los traficantes de personas y los grupos de narcotráfico.
✒️ FIRMAS por Alfredo Jalife-Rahme
— Sputnik Mundo (@SputnikMundo) June 18, 2019
La situación entre EEUU y México entorno a la migración ha alcanzado niveles de 'tormenta perfecta'https://t.co/2DLSYPncLf
En el año en curso, la Guardia Nacional se comenzó a formar con nuevos elementos de la población civil además de miembros de la Policía Militar y Naval, quienes están apenas recibiendo capacitación en derechos humanos, primeros auxilios, protección civil, entre otras cuestiones.
Sin embargo, la remodelación de las fuerzas militares tomará un tiempo considerable considerando que han incurrido en graves fallas con respecto al respeto de los derechos humanos, la corrupción y la profesionalización. Estos cuerpos armados no están preparados para abordar la crisis migratoria de una forma que garantice el respeto de los derechos humanos de los migrantes centroamericanos en la frontera sur.
Antes de desplegar significativamente elementos armados, las fuerzas militares deben recibir una capacitación especializada con el fin de cumplir con protocoles internacionales como las políticas recomendadas por la Organización de las Naciones Unidas que respeten los derechos humanos de los migrantes. Entre algunos puntos podemos incluir el uso exclusivo de la fuerza en condiciones inevitables para evitar ataques violentos en contra de grupos pacíficos; la supervisión sobre los grupos armados por organizaciones independientes dedicadas a la defensa de los derechos humanos que reporten los abusos por parte de la Policía; y el establecimiento de albergues en condiciones adecuadas para que los migrantes puedan quedarse en lugares seguros y evitar el riesgo de caer en manos del narcotráfico y la trata de personas.
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Con la falta de profesionalización, los elementos armados podrían efectuar violaciones de derechos humanos en contra de los migrantes. Por añadidura, los grupos del narcotráfico y los tratantes de personas tienen secuestradas a las instituciones de justicia, que amenazan constantemente a los migrantes de deportarlos de forma inmediata en caso de presentar una denuncia en contra de sus agresores. Así los migrantes han sufrido graves delitos como tráfico de órganos efectuado por traficantes de personas, extorsiones para emplearse en trabajos ilegales como la prostitución, y desapariciones perpetradas por los grupos del narcotráfico.
En este sentido, la Fiscalía General fue creada para reemplazar a la Procuraduría General de la República que ha sido incapaz de resolver las demandas de la población. Entre las oportunidades de la fiscalía incluimos la contratación de nuevo personal que sustituirá a los antiguos funcionarios; la formación de un Consejo Ciudadano que publicará recomendaciones para el correcto funcionamiento de la institución; la constitución de una Fiscalía de Asuntos Internos que atenderá las demandas de los ciudadanos en contra del personal de la fiscalía y con ello prevendrá la continuidad de la corrupción dentro de la fiscalía.
Sin embargo, la fiscalía está en su proceso de formación, con lo cual, no tiene personal calificado contratado y tampoco presupuesto aprobado para atender las demandas de los migrantes.
Sputnik viajó a la frontera sur mexicana y trae las voces de los protagonistas. https://t.co/UjA6wKinDO#Refugiados
— Sputnik Mundo (@SputnikMundo) June 21, 2019
El Gobierno mexicano recibirá a las personas que hayan solicitado asilo en Estados Unidos hasta que termine su proceso administrativo. Hasta mediados del año en curso, el gobierno estadounidense ha enviado a casi 12.000 centroamericanos a México. Tras ingresar al territorio mexicano, los migrantes tendrán acceso a oportunidades de empleo, salud y educación de acuerdo a la declaración conjunta de ambos Gobiernos. Para ello, el programa Sembrando Vida creará empleos para los migrantes centroamericanos como jornaleros en el sector agrícola. Por su reducida remuneración, los centroamericanos continuarían optando por intentar cruzar la frontera hacia Estados Unidos.
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El Gobierno planeó incluir a la población centroamericana en los proyectos de los estados sureños —la refinería Dos Bocas, el Tren Maya y el Tren Transístmico—, que conllevarán la emisión de visas de trabajo para los migrantes. No obstante, el avance de estos proyectos será lento, ya que pasarán por varias licitaciones, entrevistas para contratar personal, entre otros procesos. Estas condiciones de los proyectos de infraestructura reducirá la emisión de visas de trabajo para los centroamericanos, situación que imposibilitará la regularización de su status migratorio.
El Gobierno podría conseguir reducir la cantidad de migrantes que llegan a Estados Unidos evitando la imposición de aranceles por parte del presidente Donald Trump. Sin embargo, la crisis migratoria no será abordada con una estrategia de largo plazo, de suerte que la crisis migratoria será perpetuada en Centroamérica.
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