La polémica del caso reside en que la sentencia emitida por la Audiencia Provincial de Navarra se limitó a apreciar "abusos sexuales" y descartó valorar los hechos como una agresión sexual.
Pese a no calificar los hechos como violentos o intimidatorios, el fallo estimaba que los cinco agresores prepararon "una encerrona" a la víctima, que se sintió "impresionada y sin capacidad de reacción", lo que le llevó a "adoptar una actitud de sometimiento y pasividad" mientras los agresores la desnudaban y abusaban de ella por vía vaginal, anal y bucal sin utilizar preservativo.
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La decisión de la Audiencia de Navarra provocó protestas multitudinarias por parte de los movimientos feministas de España.
Por su parte, los jóvenes condenados defienden que las relaciones fueron consentidas porque la víctima no verbalizó su rechazo, por lo que las defensas presentaron un recurso para que se revisara la sentencia.
Ahora, cinco jueces del Tribunal Supremo serán los encargados de revisar el caso.
"No hubo consentimiento", concluyó la representante del Ministerio Público, Isabel Rodríguez, que pidió elevar la condena de 9 a 18 años para cada uno de los acusados.
En su exposición, la fiscal insistió en que la "posición de inferioridad" de la víctima ante los cinco asaltantes "coartó su capacidad de decidir", anulando su capacidad para "ofrecer resistencia alguna".
"No se puede exigir a las víctimas una actitud peligrosamente heroica", añadió.
En un sentido similar se pronunciaron tanto la defensa de la víctima como el Ayuntamiento de Pamplona, cuyos letrados están personados en la causa.
Por otro lado, la defensa de los acusados pidió que se estime el recurso y se absuelva a sus patrocinados.
El relato de las defensas se centró, sobre todo, en recordar que la víctima no verbalizó su oposición a las relaciones y en afirmar que el juicio no ha sido justo porque la gran exposición mediática del caso influyó en la actuación de los tribunales.
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Tras oír a las partes, el tribunal dejó el caso visto para sentencia.
