"En los últimos meses la situación se ha agravado progresivamente, con un crecimiento exponencial de la cantidad de personas que solicitan asilo, en un escenario bastante triste con el levantamiento en la frontera sur de un muro militar, a cambio de acuerdos comerciales con EEUU, para defender intereses económicos", dijo León Ang vía telefónica.
Solo de 2017 a 2018, las solicitudes de refugio en México se incrementaron 103%, y en 2019 se pronostica que las cifras se dupliquen, llegando a unas 60.000 personas, según la organización de la orden jesuita que es parte del Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste.
Si 45 días después de ese acuerdo, la Casa Blanca considera que las medidas de México no satisfacen sus exigencias de contención de la migración indocumentada, en 45 días más deberá aceptar jugar ese rol frente al éxodo de centroamericanos, caribeños y de otras nacionalidades, o abrir nuevas negociaciones, según lo acordado.
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Si México acepta ser tercer país seguro, estaría obligado a otorgar asilo y refugio a cientos de miles de centroamericanos, que quedarían legalmente inhabilitados para pedir asilo en EEUU.
Esto sucede en particular en Tapachula, donde hay dos centros de detención con una sobrepoblación de más de 4.000 migrantes, según la experta.
Esa ciudad, localizada a 45 kilómetros del río Suchiate, frontera natural con Guatemala, fue elegida por los presidentes Andrés Manuel López Obrador, de México, y Nayib Bukele, de El Salvador, para lanzar el primer programa del Plan de Desarrollo Integral para el sureste mexicano y el triángulo de Norte de Centroamérica (Guatemala, Honduras, El Salvador).
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El objetivo es "atender las causas de la migración", la pobreza y la violencia del crimen organizado.
Mayor campo de detención
De los dos campos de detención, el más grande es el llamado Estación Migratoria Siglo XXI, que originalmente fue habilitado para unas 900 personas de origen centroamericano y ahora concentra a más de 2.500 detenidos, casi el triple, describió la experta con base en sus indagaciones con agentes migratorios.
El segundo centro de detención es el Recinto Ferial, donde están bajo vigilancia militar 1.500 migrantes originarios de Haití, países africanos o de la región Asia-Pacífico, explicó la experta.
"Tapachula tiene los dos centros de detención de migrantes más grandes de América Latina, con más de 4.000 personas encerradas bajo custodia, el triple de su capacidad, llamados con un eufemismo estaciones migratorias, lo que oculta el encarcelamiento de personas hacinadas, donde proliferan enfermedades contagiosas", relató León Ang.
Es una paradoja que López Obrador y Bukele hayan elegido el Día Mundial de los Refugiados para lanzar el programa regional que atacaría las causas de la migración.
Los operativos de control consisten no solo en retenes en las principales rutas del sureste mexicano, especialmente en los estados Chiapas y Oaxaca, sino en allanamientos a hoteles e incluso acoso a los albergues.
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"Están deteniendo y deportando inclusive a personas que ya cuentan con estatus de refugiados, visas humanitarias o permisos de trabajo o de estancia temporal", sostuvo.
Los operativos fueron ordenados el canciller Marcelo Ebrard, en su calidad de coordinador del plan de acción pactado con EEUU.
"Ahora la cancillería es la que dicta la política interior, que constitucionalmente corresponde a las autoridades federales de Gobernación", criticó la especialista.
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Además, un ambiente de discriminación a los extranjeros se puede sentir y palpar en las ciudades fronterizas.
Esa campaña orquestada por autoridades locales y empresarios alerta de "cerrar negocios y restaurantes temprano por la tarde, ante la supuesta llegada de refugiados, y recomienda a la población que no salga de sus casas", por supuestos ataques de pandillas de extranjeros, dijo.
Finalmente, León Ang subrayó la ineficacia de los permisos para trabajar en el sureste, que buscan contener la marcha hacia la frontera norte, mediante programas de empleo temporal, como "Sembrando Vida", para cultivar árboles frutales y maderables.
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El propio López Obrador admitió que el salario mínimo en México es menor que el salario mínimo en Guatemala y El Salvador, puntualizó.
