"La demanda colectiva indica el interés de los clientes del bufete de abogados de incluir también a las empresas Expedia Inc., Booking Holdings, Inc. y sus respectivas subsidiarias y filiales en el litigio si esas compañías no cesan el tráfico y compensan a los demandantes", publicó el miércoles el diario estadounidense El Nuevo Herald.
Las demandantes, Marisela Mata y Bibiana Hernández, son descendientes de Antonio Mata y Álvarez, quien construyó el hotel San Carlos en Cienfuegos en 1925 y abandonó el país luego de que el Gobierno de Fidel Castro expropiara el edificio en 1962, dijo el sitio web law.com.
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El título III de la ley estadounidense Helms-Burton, que permite estas acciones en tribunales contra propiedades nacionalizadas en Cuba, fue activado por el Gobierno que encabeza Donald Trump el pasado 2 de mayo, después de permanecer suspendido durante 23 años.
Bengochea reclamó propiedades en el puerto de Santiago de Cuba (este) ante el tribunal federal de Miami, acción que también emprendió Behn, heredero de la compañía Havana Docks, con propiedades en el puerto de La Habana.
Un día después, el 3 mayo, una nueva demanda contra empresas cubanas fue presentada por la compañía estadounidense Exxon Mobil, que alega derechos sobre propiedades que fueron expropiadas en Cuba en 1960, incluidas refinerías de petróleo y estaciones de servicio, que todavía están en uso.
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Exxon Mobil demandó a las empresas cubanas Corporación CIMEX S.A. y a la Unión Cuba-Petróleo (CUPET) por supuestos cargos de "tráfico ilegal de propiedad confiscada", según regula el título III de la ley Helms-Burton.
La cadena hotelera española Meliá no aparece entre los demandados, pero se confirmó que recibió una notificación en la cual se le informa que, de no pagar compensación, sería incluido en la reclamación colectiva.
Las autoridades cubanas han calificado como ilegal, extraterritorial, y violatoria del Derecho Internacional estas demandas, y las consideran como un recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero que Washington impone a la isla desde 1962.
Varios países con fuerte presencia inversionista en la isla han expresado su rechazo a esta ley aprobada en 1996, entre ellos México, España, Canadá y la Unión Europea, quien amenazaron a EEUU con establecer una reclamación en la Organización Mundial de Comercio.
