"Se firmó el acuerdo con autoridades brasileñas para acceder a pruebas", informaron fuentes judiciales a las que accedió Sputnik.
A través de una Unión Temporal de Empresas que integró Odebrecht juntó con las firmas Iecsa, Ghella y Comsa, la constructora pagó al menos 3,3 millones de dólares entre 2011 y 2014 para obtener con su consorcio el soterramiento de la línea de ferrocarril.
El fiscal Picardi suscribió con sus homólogos de Brasil un convenio para acceder a las pruebas de la Operación Lava Jato y de la investigación sobre la constructora brasileña Odebrecht en base a un modelo de compromiso de especialidad y a una limitación del uso de pruebas.
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Las condiciones del acuerdo habían sido homologados por el procurador general de la nación, Eduardo Casal, en agosto del año pasado, al momento de pedir a la Procuraduría del Estado de Paraná (Brasil, sur) del Ministerio Público Fiscal Federal de Brasil que remitiese las pruebas de la operación Lava Jato.
El fiscal Picardi apeló esa falta de mérito y pidió investigarlos por cohecho.
En Argentina hay otras dos causas judiciales que investigan los sobornos en los que incurrió Odebrecht para obtener contratos de obra pública.
La mayor constructora de Brasil reconoció ante la justicia estadounidense que entre 2007 y 2014 pagó unos 35 millones de dólares en sobornos a funcionarios argentinos para obtener la adjudicación de ocho proyectos, los cuales le reportaron un beneficio de 278 millones de dólares.