"La investigación, (...) debe tener en cuenta todos los aspectos de cómo las autoridades trataban a Mursi, con el fin de analizar si las condiciones de su detención repercutieron en su muerte", aseguró el portavoz de la entidad Rupert Colville, agregando que la investigación debe ser inmediata e imparcial.
El funcionario de Naciones Unidas señaló que su organismo ya había expresado anteriormente una preocupación persistente ante la permanencia en prisión del exmandatario, y aseguró que las autoridades del país eran las responsables de garantizarle un trato humano.
Vinculado al movimiento de los Hermanos Musulmanes (un grupo terrorista, prohibido en Rusia y otros países), Mursi fue elegido presidente de Egipto en junio de 2012, pero en julio de 2013, en medio de protestas multitudinarias, fue derrocado por el entonces comandante del Ejército Nacional y hoy jefe de Estado, Abdelfatah Sisi.
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Los partidarios de Mursi salieron a las calles exigiendo el regreso del presidente al poder, pero las autoridades sofocaron las protestas.
Tras el abandono del cargo, fue detenido y juzgado por numerosos casos, que él rechazó y calificó de campaña política en su contra. En el momento de su muerte cumplía cadena perpetua por espiar a favor de Catar.
