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Integrantes de máximo órgano de contralor en Ecuador asumen sus cargos en medio de tensión

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MONTEVIDEO (Sputnik) — Lo vocales del máximo órgano contralor de Ecuador, denominado Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), asumieron sus cargos en un contexto de tensión ya que en los últimos meses se propusieron iniciativas para eliminarlo.

"El Pleno inicia la ceremonia de posesión de los consejeros principales y suplentes del CPCCS", informó la Asamblea Nacional de Ecuador en su cuenta de Twitter.

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El CPCCS fue creado en 2008 por la administración de Rafael Correa (2007-2017); es una institución independiente formada por siete miembros y cuya tarea es auditar los mecanismos de control, fomentar la participación ciudadana y luchar contra la corrupción.

El Consejo designa al Defensor del Pueblo, al contralor general del Estado, al procurador general, y a ciertas autoridades de la Fiscalía, del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Contencioso Electoral.

Además, determina los procedimientos de concurso y selección de los magistrados que integran la primera Corte Constitucional y los miembros del Consejo de Judicatura.

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Durante las elecciones locales del 24 de marzo se eligieron los siete integrantes del Consejo.

El 14 de mayo los integrantes del CPCCS debían asumir sus funciones; sin embargo la toma del cargo fue postergada, ya que el Consejo Nacional Electoral demoró más de dos meses en otorgarles las credenciales formales.

Esto ocurrió porque se presentaron varias causas contra algunos de los consejeros elegidos, por supuestas infracciones que habrían cometido durante el proceso electoral.

Los consejeros que fueron acusados son Walter Gómez, Victoria Desintonio y Juan Javier Dávalos, quienes son cercanos al partido del expresidente Correa.

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El Gobierno de Lenín Moreno, en conjunto con algunos partidos, procura reformar el consejo, argumentando que este no ha cumplido sus funciones, que estuvo integrado siempre por personas cercanas a Correa y que violó los reglamentos de selección de sus integrantes, por lo que se convirtió en un factor que "incrementó la corrupción".

La administración de Moreno entiende que esta institución fue un simple "anexo del Poder Ejecutivo" durante el Gobierno de Correa.

En cambio, el movimiento del expresidente rechaza esas acusaciones y afirma que lo que se pretende es eliminar el Consejo para que no haya un control por parte de la ciudadanía de las acciones del Estado.

 

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