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Congreso de Perú desestima acusar a ex fiscal general por obstrucción en caso Odebrecht

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LIMA (Sputnik) — El Congreso de Perú decidió no acusar constitucionalmente al ex fiscal general, Pedro Chávarry, quien era investigado por los delitos de encubrimiento real y personal al intentar obstruir las investigaciones de los fiscales a cargo del caso Odebrecht.

"La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (...) consideró improcedente que se investigue a Chávarry por los supuestos delitos de encubrimiento real y encubrimiento personal en los hechos, por lo cual se dispuso su archivamiento", informó el parlamento en un comunicado.

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La Subcomisión de Acusaciones es el organismo congresal que determina si las acusaciones constitucionales, que dan lugar a investigaciones penales, proceden.

Chávarry fue acusado por la actual fiscal general, Zoraida Ávalos, por hechos ocurridos en enero pasado.

En aquel mes, fiscales que investigan el caso Odebrecht ordenaron el lacrado (sellado) de las oficinas de Chávarry, quien por entonces ejercía como fiscal general.

Fiscalía sostiene que Chávarry forma parte de una organización criminal insertada en el sistema judicial y dedicada, entre otros delitos, a encubrir a políticos involucrados en el escándalo de Odebrecht.

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El ex fiscal general fue grabado por cámaras de seguridad en enero, donde se lo pudo ver vulnerando el lacrado de sus oficinas y extrayendo de ellas cajas con documentos.

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A pesar de la evidencia probatoria, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales decidió archivar la denuncia gracias a los votos mayoritarios del partido opositor, Fuerza Popular (derecha).

Varios miembros de Fuerza Popular son investigados por recibir dinero de Odebrecht en sus campañas electorales.

La líder del partido, Keiko Fujimori, se encuentra actualmente presa preventivamente investigada por lavado de activos al recibir financiamiento para su campaña presidencial en 2011 de la constructora brasileña.

Sobre Chávarry se cree que está coludido con el partido fujimorista, algo que ha sido denunciado por el propio presidente de la República, Martín Vizcarra.

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