Atender a las víctimas de violaciones a las garantías individuales y derechos humanos es "un auténtico compromiso de todas las instituciones del Gobierno de México y de los gobiernos estatales hacia las víctimas; no solo en el discurso, sino en las acciones", dice la misiva.
Para cumplir con ese compromiso "se requiere reforzar los mecanismos institucionales que las atienden; no diezmarlos, obligando a racionar el modesto apoyo que hoy reciben", dice la dimisión que será efectiva a partir del 15 de junio.
Por ejemplo, Rochín, quien asumió durante el Gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), recomienda fortalecer al equipo con personas expertas en asesoría jurídica "preparadas y bien pagadas, en lugar de debilitarlo con medidas administrativas".
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Entre los casos resueltos menciona a las víctimas del Movimiento Estudiantil de 1968 y de la "Guerra Sucia" de las décadas de 1970 y 1980, así como masacres recientes y el análisis de las fosas clandestinas.
Este es el quinto funcionario que renuncia en la administración que comenzó hace seis meses.
En mayo renunciaron la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el titular del Instituto mexicano del Seguro Social por desacuerdos con la política de gastos, y esta semana dimitió Guillermo García Alcocer comisionado presidente de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), por discrepancias con los nuevos integrantes del organismo autónomo del Estado.
