Los dos polémicos representantes de la Seguridad de Argentina y Brasil unen fuerzas

Patricia Bullrich, ministra de Seguridad del país austral, y Sérgio Moro, ministro de Justicia y Seguridad Pública del "gigante" de Sudamérica, ponen la lupa en el control del crimen organizado y el narcotráfico, aunque bajo la supervisión de los Estados Unidos.

Ella es, ya desde su época como funcionaria del Gobierno del expresidente Fernando de la Rúa (1999-2001), una de las figuras representativas de la políticas conservadoras en la Argentina, cuestionada por los organismos locales de defensa de los Derechos Humanos y las organizaciones sociales, y su rol es considerado indispensable por Mauricio Macri: llegó a presentar su renuncia en 2016 luego de un suceso confuso y el primer mandatario no se la aceptó.

Él es conocido como el juez que metió preso al expresidente Luiz Inácio Lula Da Silva y que llevó adelante la investigación por el mega caso de corrupción conocido como "Operación Lava Jato", sospechado de malversar fondos de la hidrocarburífera estatal Petrobras por más de 2.600 millones de dólares durante varios años. También es famoso por defender, fiel a la línea del presidente Jair Bolsonaro, la inmunidad de policías que matan cuando están en el ejercicio de sus funciones y del libre uso de armas de fuego en la población civil.

Bolsonaro llega este jueves 6 de junio a la Argentina en su primera visita oficial (asumió en enero de 2019, días después de haber finalizado la cumbre de líderes mundiales del G20, organizada en Buenos Aires). Pero Moro y Bullrich ya participaron juntos de dos encuentros el jueves 30 y el viernes 31 de mayo.

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En primer lugar, los ministros presenciaron en el Estadio Monumental la final de la Recopa Sudamericana, en el que River Plate derrotó al Atlético Paranaense, del que Moro es fanático. El encuentro sirvió de antesala al acuerdo a través del cual la Argentina compartió información recabada por el programa Tribunas Seguras con los perfiles de alrededor de 5.400 barras bravas locales para evitar que ingresen a Brasil durante la Copa América, que se desarrollará en ese país entre el 14 de junio y el 7 de julio.

Al día siguiente, los funcionarios realizaron una recorrida por un barrio en la localidad de El Palomar, en la zona oeste del conurbano bonaerense, uno de los sitios donde se puso el marcha el programa Barrios Seguros con el objeto de reducir el delito y la violencia en zonas de alta conflictividad.

Juntos tenían planeado el lunes 3 de junio una recorrida en el país vecino de Paraguay, en el que Moro no pudo participar. La cita fue pospuesta al martes 4 por temas climáticos pero Bullrich estuvo presente en la zona de Pedro Juan Caballero, una de las principales regiones productoras de marihuana del continente, acompañada del presidente paraguayo Mario Abdo Benítez.

"Lógicamente que todo acuerdo con los países vecinos en pos de la lucha contra los delitos complejos es positivo, pero el análisis debe abarcar, también, a cuál de los actores favorece más", comentó a Sputnik el Prefecto General retirado René Reibel, asesor en la Comisión de Seguridad Interior de la Cámara de Diputados argentina.

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Paraguay es el mayor productor de marihuana de Sudamérica, con más de 6.000 hectáreas cultivadas, que aumenta a razón de 5% anual, según el último informe de la ONU en 2018. El 80% de esa producción va a parar a Brasil. Reibel considera que cuenta con una política de erradicación muy rudimentaria y poco efectiva, únicamente en forma manual y por quemado, como a la que asistieron y publicitaron las autoridades, y que se debe profundizar el control en los cargamentos transportados por vía fluvial.

Las afiliaciones y puntos en común entre Bullrich y Moro fueron puestas a la vista numerosas veces, incluso Bullrich llegó a contestar a los medios sobre su supuesta "bolsonarización" que eran los ahora gobernantes de Brasil quienes le habían copiaron a ella sus protocolos de Seguridad, calificados de "mano dura" y represivos en repetidas ocasiones, e implementados desde diciembre de 2015 en la Argentina.

Otro asunto que tienen en común, y que se corresponde al contexto regional en el que los gobiernos de tendencia latinoamericanistas y de características social-populares fueron reemplazados por gobernantes de derecha, es la dependencia que han vuelto a demostrar en la supervisión de los Estados Unidos en las políticas de lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.

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Bullrich anunció en febrero de 2018, durante una visita a Washington, que la Administración para el control de estupefacientes estadounidense, la DEA, instalaría una fuerza de tareas (task force) en la provincia de Misiones para asistir en el control de la Triple Frontera con Brasil y Paraguay. Además, se firmaron acuerdos para instalar una base estadounidense militar de "asistencia humanitaria" en Neuquén, en las cercanías de Vaca Muerta, el yacimiento de combustibles no convencionales más grande del país.

En Brasil, las posiciones cercanas al Gobierno de los Estados Unidos son quizás más explícitas, aunque no por eso sencillas. Bolsonaro ha respaldado hace unos meses la intención de Donald Trump de la construcción de un muro en la frontera con México y también la posición de una posible intervención militar en Venezuela, aunque el ala militar brasileña, personificada en el vicepresidente Hamilton Mourão, lo desmintió en seguida.

Brasil y Argentina, a pesar de tener orientaciones políticas ahora similares, no dejan de tener dificultades en sus relaciones, sobre todo en un contexto en el que las economías potentes del hemisferio norte muestran signos de proteccionismo y crisis de mercados. Luego de años de hitos históricos en la cooperación entre estos dos países, no hay razones para esperar que compartir signos ideológicos haga los vínculos entre estas naciones más empática. A fin de cuentas, los gobiernos de derecha se cuidan a sí mismos.