Desde 2007 se generalizó en México el uso del misoprostol y la mifepristona como sustancias abortivas. Sin embargo, no hay un sistema eficaz que permita la trazabilidad, el control o el acompañamiento con las pacientes que hacen uso de estos fármacos para interrumpir voluntariamente su embarazo.
"No contamos con un buen control sanitario de vigilancia por parte de la autoridad sanitaria [Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris)] en el uso de estos medicamentos", dijo a Sputnik Cristian Acosta, investigador de Early Institute, la entidad que investigó y denunció esta situación.
En muchas ocasiones estas sustancias generan riesgos a la salud para aquellas mujeres que las utilizan con fines abortivos. Al día de hoy se conocen 312 efectos adversos, que van desde trastornos cardíacos o del sistema nervioso, gastrointestinales y endocrinos.
Además, pueden generar sangrado endometrial, cólicos, dolor abdominal, calambres, náuseas, vómito y diarrea, escalofríos, ansiedad, fiebre, dolor de cabeza, entre otros efectos secundarios.
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De acuerdo con información solicitada por Early Institute a Cofepris, entre 2010 y 2017 se registraron 712 casos de efectos adversos al misoprostol y nueve de mifepristona. Mientras que en 2018 fueron registrados 917 nuevos casos de afectaciones con misoprostol y 15 con mifepristona, un total de 1.629 y 24 casos de efectos adversos respectivamente.
"De 2017 a 2018 hubo un crecimiento de más del 100% de casos adversos. Ya para abril de este año contamos con 1.671 casos registrados por no tener el adecuado control por parte de las autoridades, pero pueden ser más", aclaró Acosta.
Aunque la Ley 220 'Instalacion y operacion de la farmacovigilancia' de la Secretaría de Salud establece que la Cofepris debe controlar y vigilar el consumo de estas sustancias, Acosta aseguró que “no tienen documentos que respalden dónde, ni cuándo, ni cómo se consumen, ni un seguimiento a las mujeres que toman estos medicamentos. Solo cuentan con cifras, pero ningún detalle sobre los controles”.
El aborto en territorio mexicanos cuenta con regulaciones estatales y varía de entidad en entidad. En todas las entidades federativas la interrupción del embarazo es legal cuando hay un embarazo producto de violación.
En 24 estados, la interrupción está permitida cuando corre riesgo la vida de la madre. En 16 de ellos, cuando hay alteraciones genéticas graves, y en 15 cuando hay riesgo a la salud o inseminación artificial no consentida.
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Desde hace una década en la capital del país, Ciudad de México, se brindan servicios gratuitos de aborto seguro dentro de las primeras 12 semanas de gestación.
"Con un debido control toda esta situación se podría haber evitado. No habría roturas de úteros, ni riesgos cardíacos ni ninguna de todas estas adversidades", concluyó el investigador.
