"La idea es que las niñas y mujeres puedan decidir qué quieren hacer cuando contraen un embarazo producto de una violación sexual (...) Con este proyecto no se obliga a ninguna mujer a abortar, sino que quien lo quiera hacer lo haga en condiciones dignas, adecuadas, sin poner en riesgo su vida ni su libertad", dijo a esta agencia la directora ejecutiva de la organización feminista Surkuna, Ana Vera.
Actualmente, en Ecuador la interrupción del embarazo es ilegal y tiene una sanción de pena privativa de seis meses hasta dos años para las mujeres que lo practiquen.
El Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece que el aborto no será punible solo en el caso de que se practique para "evitar un peligro en la vida de la mujer o cuando el embarazo es consecuencia de una violación a una mujer que padece discapacidad mental".
Dentro de esas causales, se analiza agregar el incesto, la violación, la inseminación forzada, el estupro y las malformaciones del feto incompatibles con la vida.
No obstante, Vera afirmó que la ampliación de las causales no es suficiente, ya que consideró que el aborto debería despenalizarse en todos los casos.
"Esta reforma que se debate en la Asamblea es un paso importante, es un mínimo, pero no es suficiente", afirmó.
Por su parte, el integrante de la Sociedad Ecuatoriana Tradición y Acción Pro-Cultura Occidental, José Gómez, dijo a Sputnik que la iniciativa es parte de una "crisis moral", ya que el "aborto es un crimen".
El total de abortos registrados en el Ecuador ascendió durante el 2014 a 22.986, según el Anuario de Egresos Hospitalarios.
De acuerdo con el Plan Nacional de Salud Sexual y Salud Reproductiva 2017-2021, el 15,6% de las muertes maternas en Ecuador están relacionadas con abortos realizados en condiciones inseguras.
La discusión
Gómez aseguró que la mayoría de la población ecuatoriana está en contra de la despenalización del aborto.
"El pueblo católico representa en Ecuador al 80% de la población, y por lo tanto el deber de todo católico es defender la vida", sostuvo.
El 30 de mayo, varios grupos religiosos presentaron en la Asamblea Nacional unas 35.000 firmas pidiendo que se respete el derecho a la vida desde la concepción, como lo establece la Constitución.
Por su parte, Vera dijo que Ecuador es un estado laico, por lo que se tienen que "respetar" las creencias y formas de acción de cada uno de los ciudadanos.
La activista señaló que el hecho de que la Constitución protege el derecho a la vida desde la concepción no significa que los embriones tengan derechos, ya que éstos adquieren a partir del nacimiento.
Por su parte, Gómez dijo que la discusión sobre la legalización del aborto es un "negocio" y procura un "beneficio ideológico".
"La ideología de género quiere hacer del desvío mental de las personas una bandera de lucha; el aborto es un negocio y un beneficio ideológico (...) Hay una agenda internacional izquierdista-marxista que trata de implantar el aborto porque pretende disolver las familias para llegar a una anarquía utópica e igualitaria (...) Es una crisis moral y de fe que ha azotado a Occidente", agregó.
Ante estas críticas, Vera afirmó que en realidad los que actúan de forma ideológica son algunos grupos religiosos, ya que "cuando están en el poder intentan imponer su forma de ver el mundo de manera autoritaria".
"Lo que es un negocio es el aborto clandestino y la industria que se produce a partir de la ilegalidad; hablar y pedir aborto libre tiene que ver con 'desclandestinizarlo', con que las mujeres tengan acceso a servicios estatales gratuitos y seguros", agregó.
Además, dijo que el aborto no es tema ideológico sino una "realidad" que pone en riesgo la vida de las mujeres.
"Creo que hay gente que con sus perspectivas dogmáticas e ideológicas quieren pervertir algo tan natural y común como el aborto en la vida de las mujeres. Siempre ha habido abortos tanto inducidos como espontáneos. Eso es lo que se tiene que reconocer. Más allá de cualquier forma de pensar, las mujeres tienen que tener la posibilidad de decidir", agregó.
Mientras tanto, en América Latina y el Caribe se realizaron 6,5 millones de abortos en el período 2010-2014, lo que significa un aumento con respecto a los 4,4 millones ocurridos durante 1990-1994.
Además, la proporción del total de embarazos en América Latina y el Caribe que terminan en aborto aumentó entre 1990–1994 y 2010–2014, de 23% a 32%, dice el Instituto Guttmacher.
Más aquí: Aborto seguro en Hispanoamérica: una lucha que aún no encuentra reflejo en las leyes
En su informe, el instituto señala que "más del 97% de las mujeres en edad reproductiva en América Latina y el Caribe viven en países con leyes de aborto restrictivas" y "se estima que cada año ocurren 14 millones de embarazos no planeados en América Latina y el Caribe; de estos, cerca de la mitad [46%] terminan en aborto".
