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Corte Constitucional de Colombia ordena a Duque sancionar ley estatutaria de la JEP

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BOGOTÁ (Sputnik) —La Corte Constitucional de Colombia ordenó al presidente Iván Duque que sancione la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz, luego de que ese alto tribunal consideró que las objeciones que presentó el Gobierno a la misma fueron derrotadas en el Senado de la República, informaron medios locales.

"La decisión que toma la Corte Constitucional la acato como colombiano y defensor de la legalidad, pero nunca dejaré de defender los principios que han motivado al pueblo colombiano para que tengamos una paz con justicia", dijo el jefe de Estado durante un evento en el Club El Nogal, en el norte de Bogotá, de acuerdo con registros de audio difundidos por la Presidencia.

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Medios de comunicación locales informaron anteriormente que, según determinó la Corte, en la plenaria del Senado del pasado 2 de mayo la votación fue suficiente para determinar que se cayeran las objeciones planteadas por el Gobierno. 

En la plenaria del Senado de ese día (2 de mayo), 47 legisladores votaron en contra de las objeciones planteadas por el Gobierno, mientras que otros 34 las respaldaron.

Ante ese resultado, la Mesa Directiva del Legislativo argumentó que para rechazar las objeciones se debía contar con un total de 48 votos —la mayoría más uno, debido a que el quórum era de 94 senadores habilitados en sala—, pero los opositores señalaron que la votación de 47 era suficiente, ya que hay algunos legisladores inhabilitados que no participaron de la votación.

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Debido a esa coyuntura, la plenaria del Senado de Colombia remitió a la Corte Constitucional la evaluación de las objeciones, por lo que ese tribunal se pronunció este miércoles al respecto.

El 10 de marzo, Duque anunció la objeción a seis de los 159 artículos que componen la ley estatutaria de la JEP por considerarlos inconvenientes.

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En esa ocasión, el presidente Duque indicó que las objeciones buscaban que el Congreso evaluara los seis artículos objetados por el Gobierno, de modo tal que el país cuente con una paz que garantice de manera genuina la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición del conflicto armado.

Con las objeciones el jefe de Estado buscaba que se aclarara la manera como los victimarios deben reparar a las víctimas, que el Alto Comisionado para la Paz fuera el encargado de verificar quiénes son las personas que participan en el proceso de desmovilización, y que se definiera en qué circunstancias las investigaciones contra personas sometidas a la JEP se suspenden en la justicia ordinaria.

Asimismo, las objeciones buscaban que los delitos de lesa humanidad no pudieran ser juzgados por la justicia transicional, que se precisara el proceso de extradición de personas por conductas posteriores a la firma del Acuerdo de Paz y que no se condicionara la extradición de otras personas al ofrecimiento de la verdad sin establecer ningún tipo de término.

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Sin embargo, varios sectores sociales y políticos sostuvieron que con las objeciones el Gobierno intentaba dilatar y entorpecer la implementación del Acuerdo de Paz con la antigua guerrilla de las FARC (hoy convertida en partido político de izquierda) y restarle competencias al tribunal de paz, creado en el marco de los diálogos de paz de La Habana para juzgar a excombatientes, militares y terceros que financiaron el conflicto.

La ley estatutaria es la norma que establece mecanismos claros a la JEP para que haga seguimiento a los casos relacionados con el conflicto armado y pueda evaluar si los comparecientes aportan a la verdad plena, a la reparación de las víctimas y ofrecen garantías de no repetición.

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