Buenos Aires amaneció como en las imágenes de una película post apocalíptica. Terminales, estaciones, centros de conexión urbanos, avenidas y calles vacías. Ni un colectivo, tren o subte a la vista, y una importante merma en el tráfico debido a los piquetes realizados por los movimientos de izquierda en los principales accesos a la capital.
La medida de fuerza, que durará las 24 horas del 29 de mayo, fue convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT), la principal agrupación sindical del país, alineada a la oposición peronista, y cuenta con el apoyo de la Central de Trabajadores de Argentina (CTA), segunda conglomeración obrera, y las organizaciones populares y sociales de línea marxista.
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"Estamos hartos de los paros. Cuando hay un gobierno que no es del partido de los sindicalistas pasa esto. La Gendarmería y la Policía Federal, según corresponda, va a garantizar que quien quiera trabajar lo haga", dijo la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
Por la mañana hubo represión para evitar el piquete que tenían planeado realizar agrupaciones de izquierda en el Puente Pueyrredón, uno de los accesos a la ciudad y que cruza el Riachuelo para conectar con el partido bonaerense de Avellaneda. Gases lacrimógenos y balas de goma fueron disparados por las fuerzas de seguridad para evitar que los manifestantes accedieran al puente y dejaron algunos heridos, informaron algunos medios de comunicación.
La adhesión al paro es contundente. Durante todo el día no habrá transporte aéreo ni marítimo, en los hospitales públicos habrá guardias reducidas, no hay clases en las escuelas ni universidades, gran parte de los comercios también se encuentran cerrados y tampoco hay actividad bancaria ni de empleados estatales.
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A diferencia de las huelgas pasadas, no habrá movilizaciones ni actos masivos. El costo monetario de un paro general fue calculado por el Gobierno como cercano a los 900 millones de dólares, con la industria y el comercio como los sectores más afectados.
El impacto económico de la crisis para los bolsillos de los argentinos en los primeros tres años de mandato de Macri se resume de la siguiente manera: 89 % de aumento del salario promedio versus 106 % de inflación acumulada, es decir, los trabajadores perdieron 17% en términos reales a diciembre de 2018. Está lejos de revertirse la tendencia en lo que va de 2019.
