En una petición dirigida al Supremo, la Abogacía General de la Unión, que representa al Estado, considera que no es posible que haya una "decisión abstracta y general" que prohíba acciones policiales en nombre de la libertad de expresión, sino que debería analizarse cada caso, según un extracto del texto, que avanzó el portal UOL.
El Gobierno considera que la universidad debe ser reconocida como un espacio libre de debates e ideas, "pero sin la prevalencia de una corriente de pensamiento específica, y que, eventualmente, esa parcialidad pueda interferir en el proceso electoral de forma ilegal".
En octubre del año pasado, a una semana del balotaje que daría la presidencia a Jair Bolsonaro, estudiantes de varias universidades organizaron actos contra la ultraderecha y colgaron pancartas con lemas referentes al "antifascismo".
La Justicia Electoral autorizó que la policía entrara en algunos campus para evaluar si se estaba infringiendo la ley, que prohíbe que se haga propaganda de los candidatos dentro de las universidades, y varios agentes descolgaron carteles e incautaron documentos.
Una de las juezas de esta corte, Carmen Lúcia Antunes, afirmó entonces que la única fuerza legitimada para invadir universidad es "la de las ideas libres y plurales" y que quien entre en los centros académicos sin una causa jurídica válida estará ejerciendo la tiranía.
Miembros cercanos al Gobierno de Bolsonaro han declarado en varias ocasiones que las universidades están dominadas por un pensamiento que ellos denominan "marxismo cultural", y la tensión entre los estudiantes universitarios y el Ejecutivo ha aumentado en las últimas semanas.
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El pasado 15 de mayo hubo grandes manifestaciones en todo el país contra el anuncio de un recorte del 30 por ciento para las universidades públicas federales, y el próximo 30 tendrá lugar una nueva jornada de protestas estudiantiles.
