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Acuerdo de cooperación con EEUU puede "poner en riesgo" la soberanía de Ecuador

CC BY-SA 2.0 / Kate / QuitoLa bandera de Ecuador (archivo)
La bandera de Ecuador (archivo) - Sputnik Mundo
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MONTEVIDEO (Sputnik) — El acuerdo de colaboración judicial entre Ecuador y EEUU vigente desde diciembre y que da marco a las acciones que se emprenden contra el ciberactivista Julian Assange, puede poner en peligro la soberanía del país sudamericano, dijo a Sputnik la exvocal del Consejo de la Judicatura, Angélica Porras.

"Con el acuerdo de colaboración entre Ecuador y EEUU no solo se corre el riesgo de perder soberanía, sino que se pueden lesionar los derechos humanos, porque estamos judicializando una cuestión política, y más aún cuando entra una potencia como es EEUU (...) habría que revisar si es que valía la pena que una cuestión como la de Assange pase a ser parte de un acuerdo colaborativo en términos penales; desde mi opinión, no hacía falta, Assange era asilado y la obligación de Ecuador era protegerlo", dijo Porras.

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La Fiscalía ecuatoriana allanó el lunes 20 la habitación de la Embajada de Ecuador en Londres en la que residió Assange desde 2012 hasta abril de este año, cuando fue despojado de su asilo y arrestado.

La Cancillería ecuatoriana aseguró que las pertenencias de Assange fueron enviadas a Quito, donde permanecerán bajo "cadena de custodia" en la Fiscalía General para su investigación según lo solicite la justicia estadounidense, que busca la extradición del australiano desde Reino Unido.

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El abogado ecuatoriano de Assange, Carlos Poveda, sostuvo que las autoridades ecuatorianas avisaron al equipo defensor sobre el allanamiento apenas ocho días antes de que se llevara a cabo, pero que el trámite para obtener visado para ingresar a Reino Unido es de tres a seis meses, por lo que ninguno de los abogados pudo estar presente a tiempo en la representación diplomática.

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El equipo legal británico de Assange tampoco pudo ingresar debido a que la Embajada es territorio ecuatoriano.

El 23 de mayo el Departamento de Justicia de EEUU le imputó a Assange 17 nuevos cargos, incluyendo conspiración para obtener, recibir y divulgar información clasificada de defensa nacional, cuyas condenas sumarían penas máximas de 175 años de prisión.

Esas acusaciones se suman al cargo imputado en forma secreta el 18 de marzo de 2018 y que solo fue revelado una vez que el ciberactivista fue detenido en la Embajada de Ecuador en Londres el 11 de abril de este año, cuando el Gobierno de Lenín Moreno le retiró el asilo.

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EEUU debe proporcionar al Reino Unido todos los documentos necesarios para la extradición de Assange antes del 12 de junio.

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Porras, profesora en la Universidad Andina Simón Bolívar y doctora en ciencias políticas, reconoció que la colaboración que existe entre EEUU y Ecuador es legal, pero señaló que algunas acciones emprendidas "no tienen que ver" con lo jurídico.

"El retiro del asilo, de la nacionalidad y la entrega de Assange a las autoridades británicas son acciones cuestionables desde el punto de vista jurídico y muestran que hay una falla en la seguridad en el estado ecuatoriano en cuanto a la protección de los derechos de una persona asilada (...) no está claro por qué razón se están haciendo estas acciones", señaló.

Porras señaló que la excusa de las autoridades es que Assange se "porta mal" y opinó que ese argumento no está visto por la ley como "causal".

"También se dijo que Assange había convertido a la Embajada en un centro de espionaje, pero tales elementos no se han comprobado; todas estas acciones cuestionables tienen que resolverse en la justicia (...) Colaboraciones penales por supuesto que hay siempre; ahora bien, estas colaboraciones tienen que hacerse en el marco de lo que permite la Constitución o la ley", agregó.

En opinión de Porras, todas estas acciones están mostrando una "debilidad en el Poder Judicial" ecuatoriano, ya que son procesos que han estado marcados por la "falta de independencia judicial".

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"Hay procesos que no se han movido y que no se ha hecho nada; también se han tomado acciones apresuradas sin contar con suficientes elementos (...) hay falta de independencia judicial y es una cuestión de hace varios años atrás; es una situación compleja, porque no solo involucra a los jueces sino a los fiscales", agregó.

Por otro lado, Porras sostuvo que el decreto que firmó el presidente ecuatoriano Lenín Moreno el 17 de mayo, que suspende el derecho de los presos a la inviolabilidad de la correspondencia, la libertad de asociación, reunión e información, está relacionado "indirectamente con el allanamiento contra Assange".

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La inviolabilidad de la correspondencia es una norma que está amparada en el artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, la cual manifiesta que nadie puede ser objeto de "injerencias arbitrarias" en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia.

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"Sinceramente creo que no está relacionado directamente; sobre todo porque los primeros días de mayo hubo una serie de muertes violentas en las cárceles (...) Sin embargo, esto le viene muy bien por el tema de Assange, pero la razón principal no es esa", agregó.

En 2012, Assange se refugió en la Embajada ecuatoriana en Londres tras perder todas las apelaciones contra la extradición que Reino Unido se aprestaba a cumplir accediendo al pedido de la Fiscalía sueca, que investigaba acusaciones en contra del australiano por delitos sexuales.

El 1 de mayo pasado, el Tribunal londinense de Southwark lo sentenció a 50 semanas de prisión por violar las condiciones de su libertad en junio de 2012, cuando se refugió en la Embajada ecuatoriana en Londres para evitar la extradición a Suecia en medio de una investigación de agresión sexual, que fue suspendida en 2017.

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El pasado día 13, la Fiscalía sueca reabrió la investigación preliminar contra Assange en el caso de la presunta violación, y más tarde presentó una orden de detención en su contra con vistas a su posible extradición desde el Reino Unido.

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