"Resulta imprescindible a mi entender, efectuar la totalidad de los arreglos de las instalaciones que se encuentran en malas condiciones, y que ponen en peligro la vida y la salud de los internos alojados allí" señaló el juez Jorge Rodríguez en su resolución.
La causa se inició a raíz de un hábeas corpus presentado en diciembre de 2018 por Marina Sol Alvarellos, apoderada de la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN), en atención a los presos de Marcos Paz, en particular de aquellos internados en la Unidad Médico Asistencial (UMA).
"Resulta inadmisible que las condiciones en la que los internos alojados en UMA o que en un futuro estén allí, no sean concordantes con los principios y garantías consagrados constitucionalmente siendo necesario el accionar judicial cuando esos derechos, prescindiendo de la trascendencia que tengan, se encuentran vulnerados", advirtió el juez.
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La PPN había advertido en diversas inspecciones en la UMA irregularidades edilicias, deficiencias en la atención médica por pérdidas de turnos en hospitales externos, y una falta de ambulancias debidamente equipadas en un penal que tiene capacidad para 1.800 personas.
Durante una audiencia, las autoridades de la UMA reconocieron las dificultades para concretar turnos médicos en hospitales de la comunidad y señalaron que estaba en trámite una licitación pública para adquirir nuevos automóviles para los traslados.
El PPN también solicitó que se contrate una empresa privada de limpieza hospitalaria "toda vez que dicha tarea la realizan los fajineros", que son los propios internos.
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En el informe se advirtió además que la instalación contra incendio del penal no se encontraba operativa.
También deberá acelerar los expedientes administrativos para efectuar refacciones y expedirse en el plazo de 30 días sobre la posibilidad de contratar una empresa para la higiene general de la UMA.
El magistrado ordenó además a la División Automotores del SPF que en el plazo de 30 días realice una inspección de las ambulancias.
La PPN advierte que la población en las cárceles federales llega a los 14.148 internos, cuando la capacidad de todos los establecimientos es de 12.235 reclusos.
