"Esa posibilidad (anular un contrato) no existe porque al igual que con las personas naturales, con las personas jurídicas hay un principio de presunción de inocencia y hasta que no exista la tipificación del delito cometido, no es posible culminar un contrato de concesión o de cualquier otro tipo con el Estado por esta causa", dijo el abogado de la Pontificia Universidad Católica de Perú.
El alcalde de Lima, Jorge Muñoz anunció la semana pasada que se estaba evaluando la posibilidad de resolver los contratos celebrados por la Municipalidad con las constructoras brasileñas OAS y Odebrecht, luego de confesiones de la exalcaldesa Susana Villarán (2011-2014) y de directivos de esas empresas de que financiaron de manera ilegal su campaña.
Entre esas obras se encuentran la Línea Amarilla y Rutas de Lima, que tienen derechos de cobro de peajes hasta por 40 años.
La revelación dio lugar a protestas de la población limeña puesto que con los 18 peajes de ambas obras estaría pagando las consecuencias de contratos viciados.
El abogado Trelles afirma que no es posible anular esos contratos, "salvo que puedan desarrollarse otros supuestos normativos que a partir de una investigación podrían llevar a un tipo de declaración no de un mismo valor anticorrupción, pero del mismo valor jurídico".
Por ejemplo, que las empresas hayan "actuado de mala fe al presentar documentación falsa, o hayan acreditado una experiencia inexistente para obtener la obra", dijo.
La Municipalidad de Lima "no tiene la posibilidad" de acreditar ningún vicio en los contratos que pueda justificar anularlos, por lo que se encuentra en un "limbo político y normativo", considerando que se presume que hay una "alta probabilidad de actos de corrupción", pero no existen las "herramientas probatorias" para proceder legalmente sobre los contratos, analizó.
El alcalde Muñoz, frente a la presión ciudadana, anunció el lunes que la Municipalidad se propuso no anular, sino renegociar los contratos.
Una renegociación, que apunta sobre todo a bajar los precios de los peajes, es discutible "más políticamente que jurídicamente", observó Trelles.
"Esta es más una solución a corto plazo que a largo plazo, porque seguramente a largo plazo esos contratos lograrán ser anulados si es que se consigue la información que evidencie esta mala actuación de las empresas concesionarias", apuntó el experto.
En cuanto al aspecto político, Trelles consideró insoslayable el descontento social como arma política para ejercer presión a fin de conseguir una renegociación.
"Lo que está tratando de hacer el alcalde es renegociar ante el descontento popular, y desde luego el concesionario tiene una debilidad porque no está bien visto por los ciudadanos, pero legalmente su situación no ha variado significativamente; la variación de su situación es básicamente social", dijo el abogado.
El alcalde anunció que en su intento de renegociar los contratos aplicará un proceso de evaluación conjunta junto a un comité "del más alto nivel conformado, por la Contraloría General de la República y el Ministerio de Economía y Finanzas".
Es clara la intención del municipio de darle fuerza a sus pretensiones haciendo partícipes a la Contraloría, que domina los procedimientos de contratación estatales, o al Ministerio, que conoce temas de facturación y similares, según Trelles.
Muñoz asumió su cargo en la alcaldía en enero, lo que para Trelles es una desventaja pues su equipo no estaría todavía técnicamente preparado para emprender una tarea tan especializada.
