Los uruguayos deberán decidir en octubre de este año si aceptan una reforma constitucional que prevé la incorporación de efectivos militares a tareas de seguridad interna, habilita la realización de allanamientos nocturnos y establece la 'prisión permanente revisable' para algunos delitos.
Las rapiñas (robos con violencia) también experimentaron en el último año un incremento del 53,8%, poniendo al país suramericano de 3,5 millones de habitantes en su récord histórico de criminalidad.
De cara al ciclo electoral que Uruguay enfrenta en 2019, uno de los precandidatos a la presidencia, el senador del opositor Partido Nacional Jorge Larrañaga, inició en mayo de 2018 una recolección de firmas para habilitar la realización de un plebiscito en forma simultánea con las elecciones nacionales.
La campaña, identificada con el lema 'Vivir sin miedo', logró obtener las 270.000 firmas exigidas por la Corte Electoral uruguaya.
La propuesta no tiene el apoyo del oficialismo ni de referentes de la oposición como Luis Lacalle Pou, favorito en la interna del Partido Nacional. También fue cuestionada por el excomandante en jefe de las Fuerzas Armadas y actual candidato a la presidencia por el partido Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, que considera que los efectivos militares no deben participar de la seguridad interna.
405.521 uruguayos firmamos para plebiscitar 4 medidas sobre inseguridad. Hoy las entregamos para que la Corte Electoral proceda y en octubre el país decidirá.
— Vivir Sin Miedo (@vivirsinmiedouy) February 25, 2019
Firmamos por más seguridad. Queremos #VivirSinMiedo. pic.twitter.com/Yz8xSiqlUI
De todos modos, varias encuestas indican que la reforma cuenta con un apoyo de más del 50% del electorado. Un estudio reciente de la consultora Cifra indicó que el 63% de los uruguayos estaría dispuesto a incluir la papeleta por el 'Sí' en el plebiscito de octubre.
Al mismo tiempo, varias organizaciones sociales comenzaron a organizarse para montar una "contracampaña" que evidencie los riesgos de la reforma. Así nació la 'Articuladora No a la Reforma', que pretende incrementar la porción de población reacia a votar a favor en el plebiscito.
La polémica 'Guardia Nacional'
Uno de los referentes de la campaña 'Vivir sin miedo' es el abogado Juan Andrés Ramírez, ministro del Interior entre 1990 y 1993 y exdecano de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. En diálogo con Sputnik, aseguró que se trata de una reforma constitucional que "ha sido muy prudente" a la hora de buscar alternativas contra el narcotráfico, cuyo crecimiento, dijo, es uno de los pilares del incremento de la criminalidad.
Uno de los puntos más publicitados de la iniciativa de reforma está en su artículo 3°, que propone reformar las competencias del Parlamento uruguayo para permitirle, por mayoría especial, "disponer la creación de una Guardia Nacional con integrantes de las Fuerzas Armadas, para cumplir funciones de seguridad pública interior en todo el territorio de la República".
Se trataría, explicó, de "una segunda fuerza policial, en paralelo a la policía corriente, con una disciplina militar".
La propia reforma indica a los legisladores que la nueva fuerza debería contar con, al menos, 2.000 integrantes. Para Ramírez, la cifra permite "aprovechar recursos humanos que tenemos subutilizados porque felizmente no estamos en guerra con nadie".
El exministro del Interior argumentó que la nueva fuerza podría actuar contra el creciente narcotráfico con una "disciplina mucho mayor a la policía civil" y, estimó, con menor riesgo de corrupción.
Diego Pereira, vocero de la Articuladora No a la Reforma, dijo a Sputnik que si bien "es real que hay un problema de seguridad" en el país, la propuesta solamente reafirma el "punitivismo" que caracterizó a las políticas de seguridad aplicadas en Uruguay, según él, desde 1995.
Pereira advirtió que la militarización de la seguridad interior no sería algo tan "novedoso" para el país teniendo en cuenta la existencia de la Guardia Republicana, un cuerpo de policía militarizada que opera desde 2010 especialmente en la zona metropolitana de Montevideo. En ese sentido, dijo que la actuación de esa fuerza no implicó un descenso de delitos.
En la misma línea, sostuvo que experiencia similares de otros países tampoco obtuvieron resultados positivos.
"En los casos en que ha avanzado más la militarización, como el de Río de Janeiro, ha aumentado enormemente la violencia, con muertes por balas perdidas o daños directos a la propiedad por la violencia de estos cuerpos que no tienen condiciones o entrenamiento para actuar en la ciudad", dijo.
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Pros y contras de una 'reclusión permanente revisable'
Actualmente la pena máxima para un delito en Uruguay es de 30 años. De aprobarse la reforma constitucional, el Parlamento quedará habilitado a agregar una pena de 'reclusión permanente' para delitos considerados graves como la violación seguida de homicidio, el homicidios por encargo o la reiteración de homicidios.
Pereira, por su parte, recordó que el país suramericano tiene cerca de 11.000 personas privadas de libertad y se ubica segundo en Latinoamérica en presos en relación a su población, por lo que "no hay una relación lineal entre la cantidad de personas privadas de libertad y la sensación de seguridad".
El exministro del Interior destacó además algunas otras medidas previstas en la reforma, como la habilitación de los allanamientos nocturnos, algo hasta ahora prohibido por la Constitución uruguaya.
También se propone eliminar la reducción de la pena y otros beneficios que reciben los reclusos, en los casos de delitos graves o reincidentes.
Los efectos jurídicos de la reforma
Las organizaciones que rechazan las medidas cuestionan que sus impulsores hayan apelado a una reforma constitucional para llevarlas a cabo.
En efecto, el propio proyecto de reforma establece en su artículo 5° que la modificación de la Constitución "entrará en vigencia inmediatamente después que la Corte Electoral proclame el resultado afirmativo del plebiscito".
Previendo eso, agrega tres "disposiciones transitorias y especiales" a la Constitución, de forma de asegurar la creación de la Guardia Nacional, la reclusión permanente y la restricción de beneficios carcelarios aún antes de que sean refrendados en leyes por el Parlamento.
"No incorporamos a la Constitución nada que no se pueda quitar. No estamos haciendo una reforma para introducir en la Constitución instituciones o reglas jurídicas que deberían estar por ley", contrapuso Ramírez a los cuestionamientos.
El abogado aseguró que, en todos los casos, las modificaciones en la Constitución "autorizan" a los legisladores a implementar las medidas pero no los obliga.
En el mismo sentido, apuntó que las medidas transitorias pueden ser modificadas por los propios parlamentarios.
Para ser aprobada, la reforma requiere que más del 50% del electorado incluya la papeleta con la palabra 'Sí' en el mismo sobre de votación en que elegirá al presidente y los integrantes del Senado y la Cámara de Representantes.
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Por ese motivo, la decisión de los sectores políticos que apoyan la reforma de entregar papeletas junto con sus listas puede ser vital en un acto eleccionario de carácter obligatorio.
