"En Chile existe un ambiente de absoluta inseguridad y de impunidad frente a los funerales de narcotraficantes, porque nuestras policías no pueden enfrentarse a estos grupos organizados", dijo en entrevista con Sputnik el diputado Miguel Ángel Calisto (Partido Demócrata Cristiano, centroizquierda).
La semana pasada se produjo en Santiago de Chile el asesinato de un joven de 19 años llamado Bastián López, alias el Pollito, víctima de un ajuste de cuentas entre bandas rivales en el sector norte de la capital.
A pesar de que no tenía antecedentes penales, López estaba vinculado a bandas criminales, e integraba el clan llamado Los Reyes liderado por Johana Reyes, su madre.
Esto es conocido en Chile como 'narcofuneral' o 'narcovelorio', y es una arraigada costumbre delictual que se ha tomado algunos sectores de Santiago y otras ciudades del país, y que obliga a los vecinos a permanecer dentro de sus casas mientras se realizan, sin que la policía interfiera en ellos.
El Pollito
La despedida de Bastían López generó un antes y un después en la opinión pública chilena sobre los narcovelorios, tanto por lo extenso del funeral, como por su impunidad.
Cientos de vecinos del sector norte de Santiago denunciaron que la policía no hizo nada ante los múltiples disparos que ejecutaban los deudos de López, e incluso fotografiaron a funcionarios de Carabineros 'escoltando' al vehículo que llevaba al fallecido.
Esta fue una de las situaciones que más controversia generó, demostrando el poder del narcotráfico, ya que, como su madre no pudo salir del penal a despedirse, las autoridades permitieron que el ataúd ingresara dentro de la cárcel.
Tras aquello, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, anunció que crearía un protocolo para abordar los narcofunerales, y el 20 de mayo la Subsecretaría de Prevención del Delito presentó un plan llamado Modelo Preventivo para Funerales de Alto Riesgo.
Este plan crea una unidad central de análisis liderada por el Gobierno, Carabineros (policía militarizada), Policía de Investigaciones y Gendarmería para analizar el contexto de un narcofuneral y determinar la peligrosidad que cada uno de ellos significará para la población.
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"No puede ser a que a plena luz del día haya delincuentes lanzando balas al aire o detonando fuegos artificiales; Carabineros debe intervenir siempre en flagrancia, pero desde la Subsecretaría nuestra labor es la prevención y en eso hemos trabajado", dijo la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, en conferencia de prensa.
Impunidad
Calisto, presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados, señaló que el principal problema de esta situación es que las policías "no cuentan con implementación necesaria".
El diputado aseguró que en los barrios controlados por narcotraficantes "las familias viven aterrorizadas, los niños son capturados para ingresar a las bandas criminales".
Por último, señaló que no descarta que en algunos lugares "pudiesen actuar efectivos del Ejército".
Asimismo, el diputado Gonzalo Fuenzalida, del centroderechista Renovación Nacional, quien también integra la comisión de Seguridad, criticó que el Gobierno presentara un protocolo para abordar la situación, señalando que "si se cometen delitos en flagrancia, (quienes los cometen) se deben detener en el acto".
"Tener un protocolo especial para velorios de narcotraficantes me parece impresentable, es como el mundo al revés, el Estado de Chile no puede bajar la vista y mirar para el lado en estos casos", dijo a esta agencia.
Hasta la fecha, la mesa de trabajo constituida por el protocolo del Gobierno ha sesionado cuatro veces, abordando en general el tráfico de drogas y de armas, y en particular, las características de los narcofunerales.