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Establecen cuarta demanda en menos de un mes contra propiedades confiscadas en Cuba

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LA HABANA (Sputnik) — Una cuarta demanda judicial contra propiedades confiscadas en Cuba en la década de 1960 fue interpuesta en una corte de justicia en la ciudad estadounidense de Miami, en virtud del título III de la ley Helms-Burton, que entró en vigor el pasado 2 de mayo.

Una familia de origen cubano radicada en EEUU demandó a las empresas hoteleras de la isla Gran Caribe, Cubanacán, y Gaviota, y a la corporación Cimex, por el uso del hotel San Carlos –ahora Meliá San Carlos-, que funciona actualmente como empresa mixta entre la española Meliá y la cubana Gran Caribe, confirmó el diario estadounidense El Nuevo Herald.

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La cadena hotelera española Meliá no aparece entre los demandados, pero se confirmó que recibió una notificación en la cual se le informa que, de no pagar compensación, sería incluido en la reclamación colectiva.

Según el título III de la ley Helms-Burton, ciudadanos estadounidenses podrán demandar en Cortes por propiedades nacionalizadas o confiscadas en Cuba en los primeros años de la Revolución, acción que las autoridades cubanas han calificado como ilegal, extraterritorial, y violatoria del Derecho Internacional.

Esta nueva demanda se une a la establecida el pasado 2 de mayo por Javier Bengochea y Mickael Behn, contra la empresa de cruceros Carnival, por supuestamente "traficar" con propiedades nacionalizadas en la isla.

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Bengochea reclamó propiedades en el puerto de Santiago de Cuba (este) ante el tribunal federal de Miami, acción que también emprendió Behn, heredero de la compañía Havana Docks, con propiedades en el puerto de La Habana.

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Un día después, el 3 mayo, una nueva demanda contra empresas cubanas fue establecida por la compañía estadounidense Exxon Mobil, que alega derechos sobre propiedades que fueron expropiadas en Cuba en 1960, incluidas refinerías de petróleo y estaciones de servicio, que todavía están en uso.

Exxon Mobil demandó a las empresas cubanas Corporación CIMEX S.A. y a la Unión Cuba-Petróleo (CUPET) por supuestos cargos de "tráfico ilegal de propiedad confiscada", según regula el título III de la ley Helms-Burton.

Varios países con fuerte presencia inversionista en la isla han expresado su rechazo a esta ley aprobada en 1996, entre ellos México, España, Canadá y la Unión Europea, quien amenazó a Washington con establecer una reclamación en la Organización Mundial de Comercio.

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