"Gobierno de EEUU presenta un escrito en contra del pedido de la República Argentina y de YPF en caso Petersen por expropiación", informó en su cuenta de Twitter el economista Sebastián Maril, especialista en las demandas que afronta el país sudamericano en EEUU.
A través de su procurador general, Noel Francisco, la Casa Blanca emitió su opinión sobre la demanda en manos de Bulford y otros fondos buitre contra la expropiación de YPF.
*** EL GOBIERNO DE LOS EE.UU. PRESENTA UN ESCRITO EN CONTRA DEL PEDIDO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Y DE YPF EN CASO PETERSEN POR EXPROPIACIÓN ***
— Sebastian Maril (@SebastianMaril) 21 мая 2019 г.
Con esta respuesta, el alto tribunal emitirá su pronunciamiento antes del receso del verano en este país, que comienza la primera semana de julio.
La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York en EEUU rechazó a finales de abril el recurso de Argentina que pedía replantear su fallo y dejó firme su sentencia en la que confirmó la decisión de primera instancia que emitió la jueza Loretta Preska, de la Corte del Distrito Sur, a favor de la demanda contra el país sudamericano.
El Gobierno argentino presentó en noviembre pasado un pedido de revisión del fallo adverso de la Corte de Apelaciones ante el máximo tribunal norteamericano.
La gestión del presidente Mauricio Macri aspira a que los plazos se alarguen lo máximo posible para que la presumible confirmación del fallo de Preska ocurra ya con la próxima administración.
Valor del juicio
Burford Capital, que controla el 60% de la demanda, valúa el valor del caso en 1.150 millones de dólares.
Otro fondo de inversión que enjuicia a YPF en un caso idéntico, Eaton Park, considera que el valor de su demanda es de 495 millones de dólares.
En suma, las adversas sentencias contra Argentina en este caso contra la expropiación de YPF pueden suponer al país sudamericano un desembolso de 1.600 millones de dólares, más intereses.
En abril de 2015 comenzaron el litigio las empresas españolas Petersen Energía y Petersen Energía Inversora, creadas por una familia argentina, Eskenazi, a través de las cuales habían controlado 25% de las acciones de YPF en 2008, cuando su socio mayoritario era Repsol.
Pero con la quiebra de la familia Eskenazi, Burford Capital ingresó en el proceso de liquidación de las compañías en España para conseguir los derechos de demanda e impulsar el juicio en la Corte de Nueva York bajo la presunción de que el Estado tendría que haber lanzado una oferta pública de adquisición por el 49% de las acciones restantes, de acuerdo al estatuto de YPF.
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El fondo buitre, creado en 2009, también adquirió los derechos de litigio de la quebrada empresa española Marsans para continuar con la demanda por la estatización de la compañía Aerolíneas Argentinas en 2008 que finalmente reconoció el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), tribunal de arbitraje del Banco Mundial que obligó a pagar a Argentina 320,7 millones de dólares.
Argentina se declaró en cesación de pagos de su deuda soberana, que en ese entonces llegaba a los 102.000 millones de dólares, a raíz de la crisis que estalló a finales de 2001.
Bajo la actual administración, Argentina llegó a un acuerdo en 2016 para pagar 9.300 millones de dólares a varios fondos de inversión por el restante 7% de los bonos de deuda no estructurada y así poner fin a 15 años de litigio.
El millonario pago a los fondos buitre en 2016 fue una de las primeras medidas que adoptó el mandatario actual tras su llegada al poder en diciembre de 2015, argumentando que Argentina debía recuperar la credibilidad del mercado y acceder al crédito a tasas más competitivas.
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Para efectuar el pago, el Ejecutivo de Macri adquirió deuda por 12.500 millones de dólares a una tasa promedio de 7,2%.
