"En octubre de 2018, cuando acabó el proceso electoral, avisamos de que las políticas de Bolsonaro, de hacerse realidad, serían un peligro real para los derechos humanos en Brasil; hemos seguido con atención sus actuaciones y, lamentablemente, nuestra preocupación empieza a hacerse realidad", explicó en un comunicado la directora ejecutiva de Amnistía Internacional Brasil, Jurema Werneck.
Amnistía Internacional también expresa su preocupación por medidas "negativas" para los pueblos indígenas y quilombolas (comunidades descendientes de esclavos), como el vaciado de competencias de la Fundación Nacional del Indio (Funai), que podría suponer el fin de la demarcación y titulación de las tierras indígenas.
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También incluye las medidas "contrarias a los derechos a la verdad, a la justicia y a reparaciones" de las víctimas de la dictadura militar (1964-1985) y cita el caso específico del decreto del Gobierno que suspendió la actividad de los antropólogos forenses que desde el año 2014 trabajaban para identificar los restos óseos extraídos de fosas comunes del cementerio de Perus, en São Paulo.
"Se amenaza tanto a organizaciones como a personas, estas últimas muchas veces por motivos de raza, género u orientación sexual e identidad de género; en este contexto, las declaraciones de las autoridades pueden estimular la proliferación de discursos de odio, que polarizan a la sociedad y rechazan medidas de protección de todas las personas", lamenta la organización.
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La representante brasileña de Amnistía Internacional presentó la carta abierta a Bolsonaro acompañada de la directora de la oficina de Amnistía Internacional para América, Erika Guevara Rosas; y el director ejecutivo de Amnistía Internacional España, Esteban Beltrán.
