"Los militares siguen presionando al sistema político uruguayo (...) su influencia no está acorde con la democracia y con las instituciones (...) siguen teniendo una relación muy estrecha con ciertos partidos políticos", dijo Tassino.
Tassino, que fue preso político en la última dictadura, busca a su hermano Óscar que también fue detenido y desde ese entonces se desconoce su paradero.
En los últimos meses Uruguay se enfrentó a una crisis militar luego de que un medio local reveló confesiones de coroneles, ya condenados por asesinatos cometidos durante la dictadura militar (1973-1985), de otros crímenes en el marco de un tribunal de honor castrense.
El tribunal de honor que juzgó las conductas de los tres coroneles cuestionó las sentencias emitidas de la justicia penal y no consideraron censurable ni motivo de denuncia la confesión hecha por Gavazzo ante los generales de que en 1973 hizo desaparecer el cuerpo de un preso político, Roberto Gomensoro, asesinado en torturas, arrojándolo al embalse de una represa.
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Ni el ejército, ni el Poder Ejecutivo denunciaron ante la justicia esas confesiones antes de que fueran reveladas en la prensa.
Como reacción, el presidente destituyó al jefe del ejército y a otros cinco generales, pidió la renuncia a Menéndez y a su viceministro, Daniel Montiel, y ordenó entregar las actas del tribunal de honor a la fiscalía para que abriera una investigación.
Militares y partidos tradicionales
Tassino señaló que la dictadura no fue un golpe impulsado por militares, sino que algunos civiles la apoyaron y siguen "defendiendo la impunidad" de esos oficiales, frenando proyectos legislativos que podrían permitir disminuir el poder de las Fuerzas Armadas, como es el caso del impuesto a las altas pasividades militares, entre otros.
Señaló que algunos integrantes del Partido Nacional y Colorado (ambos de derecha) siguen teniendo relación con los militares.
"También están involucrados muchos civiles en ese golpe que pertenecen y pertenecieron a los partidos Nacional y Colorado; ellos tienen una relación con los militares y por eso no colaboraron en nada con la búsqueda de la verdad", agregó.
"Hay gente que dice que va a ayudar en el tema de derechos humanos cuando pudieron hacerlo durante 20 años y no lo hicieron; estoy seguro que información tienen pero no la dan", agregó.
Consideró que la impunidad en Uruguay tiene que ver con la educación que reciben los militares, quienes son "adiestrados" para pensar en la doctrina propuesta por la dictadura.
"Hay toda una camada enorme de soldados que se los educa en la doctrina de la seguridad nacional y con ello los involucran en los hechos del pasado que no tienen nada que ver; tenemos que cambiar el tema de formación y accionar de las Fuerzas Armadas (...) Las FFAA deberían ser más democráticas y estar al servicio del país, no de determinados intereses", agregó.
Por otro lado, consideró que es "inaudito" que militares como Gavazzo sean "premiados" con la prisión domiciliaria.
"Ellos tienen una cárcel en [la calle de] Domingo Arena [en Montevideo] que cumple con todas las condiciones para vivir sin ningún problema; en los últimos días Gavazzo mostró tranquilamente toda la información que tenía la casa y que se la tendrían que haber sacado antes; esto es inaudito", agregó.
El 20 de mayo Uruguay realizará la marcha del silencio, una movilización pública que se realiza ininterrumpidamente desde 1996 todos los 20 de mayo en Montevideo, así como en varios lugares del interior del país e incluso fuera de fronteras.
El objetivo de la marcha es generar presión social para que se esclarezcan las desapariciones y asesinatos impunes durante la última dictadura cívico-militar en Uruguay y en América del Sur.
En Uruguay siguen desaparecidas 192 personas, según datos de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente.
Además, existen 307 causas presentadas ante la justicia por tortura, privación de libertad, desaparición forzada, detención ilegítima, secuestros y amenazas cometidos supuestamente entre 1972, poco antes del golpe de Estado, y 1978.
Sin embargo, solo el 3% de las denuncias terminaron en una sentencia, lo que significa que el 97% de los casos no se resuelven, señala el Observatorio Luz Ibarburu.
