La definición de manual dice que la gentrificación es el 'recambio' de población de una zona central de la ciudad con el fin de encarecerla: el proceso aumenta el precio de los alquileres, de los productos que se venden en nuevos comercios y lógicamente, de los servicios públicos que recauda la autoridad. En la colonia Roma, convertida en un destino de turismo internacional, esto es doblemente notorio.
Sin embargo, es una técnica común contra los inquilinos, que en Ciudad de México no tienen prácticamente ninguna posibilidad legal de defenderse ante la expulsión. Salvo por el denominado 'derecho al tanto', una figura jurídica que les brinda la posibilidad de comprar el edificio antes que un tercero lo haga.
Como esto no es algo que se respete, se ha convertido en una herramienta de pelea para los 'inquilinos', que buscan no ser desplazados de las alcaldías centrales de la capital mexicana.
Puebla 261
En este edificio bajo y amplio en la colonia Roma Norte vivían más de 40 familias. "Ahora somos 15 familias resistiendo", dice a Sputnik uno de sus habitantes. Además de los departamentos, el lugar tiene una serie de cuartos de azotea que se rentaban a menor precio con baño propio y agua caliente.
Esto es importante en la ciudad que tiene el metro cuadrado más caro del país, que durante los últimos 20 años no ha dejado de aumentar.
Judith Resendiz, una de las vecinas de Puebla 261 vive aquí desde niña. Dos meses atrás, fue desalojada por un fideicomiso de crédito, que aún no ha logrado comprar su casa, pero lo pretende.
El problema de forma es que los vecinos nunca han tenido contratos con este fideicomiso, por lo que en realidad no pueden deberle nada. Otros dos departamentos han sido desalojados con el mismo argumento falaz.
Dos años y medio atrás, el antiguo administrador del edificio les dijo que le habían dado 8 millones de pesos (400.000 dólares) por el lugar, como un adelanto de los 40 millones (2 millones de dólares) del monto total.
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Cuando los vecinos dijeron que querían usar su derecho al tanto y comprar ellos, les dijeron que ya se había vendido. Sin embargo, el edificio aún no fue traspasado, señalaron a Sputnik, porque en el Registro Público sigue a nombre de una mujer que lleva años fallecida.
Ellos lo saben porque los antiguos administradores de este lugar les renovaban los contratos siempre a nombre de esta señora.
"Le pagábamos la renta a un muertito", dice uno de los vecinos que conversaron con Sputnik para presentar su caso.
Proceso maleado
El problema comenzó cuando demolieron el edificio vecino. Los vecinos de Puebla saben que los mismos capitales que compraron ese lugar, ahora pretenden este. El problema fue que el sismo de septiembre de 2017 quebró la construcción que estaban haciendo al lado y ahora hay un socavón lleno de agua verduzca, porque la obra fue clausurada.
Antes de las denuncias judiciales contra ellos, la presión les llegó por medio de golpeadores: una decena de hombres con mazos se metieron al edificio para intentar demoler los cuartos de azotea. Lo hicieron en tres oportunidades diferentes.
"Cuando eres inquilino, no tienes derecho siquiera a levantar una denuncia. En mi caso, la dejaron como antecedente, no quisieron abrir una carpeta de investigación", contó Judith.
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Cuando este grupo violento invadió el lugar, empezó a destruirlo y golpeó a algunos de los vecinos, incluso algunos menores de edad. Al ir a la Fiscalía, no encontraron puertas abiertas para presentar su problema.
"Te dicen que esto es entre privados y como tú no eres la dueña, te pueden pisotear y golpear", sentenció Judith.
Lo que señala el grupo de vecinos de Puebla es que los inquilinos no tienen cómo defenderse. El mismo planteo hacen los vecinos de Durango, otro edificio en lucha en la colonia Roma; o hasta los del Edificio Trevi, un mítico lugar de la ciudad donde se organizó un festival musical para hacer visible su lucha.
Los procesos judiciales que los desplazan son rápidos y "chuecos", pero ellos no logran siquiera que les abran una denuncia a su favor contra los atropellos.
"¿Cómo es posible que un juez falle a favor de un administrador con el que no hemos tenido una relación inquilinaria y con base a eso, desalojarlo a él, a mí? Eso queremos decirle a las autoridades: el desalojo no es, no va", explicó Judith en charla con Sputnik, junto al resto de los vecinos afectados.
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"Durante 40 años pagamos impuestos para que venga una desarrolladora y utilice todos los servicios que nosotros pagamos, no es justo. El Gobierno tiene que ver también ese panorama, nosotros hicimos esta colonia", agregó.
Hay una corriente de pensamiento que reclama lo mismo que los vecinos de Puebla, que el valor de la tierra se construye colectivamente y que no es legítimo que "el dueño" se apropie de él, según explicó a Sputnik el investigador especializado Armando Azuela. En esta perspectiva, el motor de la gentrificación es la privatización de la construcción común de valor en la ciudad.
