Según un escrito de la Fiscalía, todas estas personas se integraban dentro de un organigrama para, desde sus distintas posiciones, "contribuir de manera decisiva a la consecución de la celebración del referéndum".
De esta manera, según el Ministerio Público, entre los integrantes de esa supuesta organización criminal se encontrarían los directores de la televisión y la radio pública de Cataluña, a los que les atribuye dar difusión de la convocatoria, que había sido declarada ilegal por la justicia española.
Con este movimiento de la Fiscalía, las autoridades judiciales piden por primera vez que los organizadores del 1-O sean considerados como una organización criminal.
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Además, el escrito también atribuye delitos de malversación, prevaricación, desobediencia, falsedad documental y revelación de secretos a las personas encargadas de organizar la consulta.
A su modo de ver, esta descripción coincide con la actividad de los procesados de cara al 1-O, porque trabajaron de "forma concertada" para "perseguir la secesión de Cataluña".
La petición para imputar a estas se produce en el marco de la causa que instruye un juzgado de Barcelona para investigar el 1-O, una causa en la que están procesadas 30 personas.
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Esta causa está diferenciada del juicio que se lleva a cabo en el Tribunal Supremo desde febrero para juzgar por posibles delitos de rebelión, sedición, malversación y desobediencia a integrantes del Gobierno catalán, miembros del Parlamento catalán y líderes sociales que lideraron el proceso independentista.
