"Creo que la decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha sido la estocada final para que se derrumbe ese sucio montaje que hizo el Departamento de Estado [de EEUU] y la Fiscalía [de Colombia] contra mí", dijo Santrich en un audio difundido desde la cárcel La Picota de Bogotá, donde permanece detenido.
La JEP, sistema de justicia transicional creado para juzgar crímenes de los combatientes en la guerra civil que terminó en 2016, dictaminó más temprano este 15 de mayo que no concedería la extradición de Santrich a EEUU, donde se lo pedía para juzgarlo por narcotráfico, y ordenó a la fiscalía ponerlo en libertad de manera inmediata.
La JEP "aplica la garantía de no extradición a Seuxis Paucias Hernández porque las pruebas no permiten evaluar la conducta ni establecer la fecha precisa de su realización. Se ordena a la fiscalía de Colombia disponer libertad inmediata", indicó la JEP en su cuenta de Twitter.
Santrich grabó sus primeras impresiones poco después, y estas fueron difundidas a los medios por su abogado Gustavo Gallardo.
La decisión de la JEP "coloca una luz de esperanza [y] da una posibilidad de seguirle abriendo camino a la implementación del Acuerdo de La Habana", dijo Santrich en referencia al acuerdo de paz negociado en la capital cubana y firmado por el Gobierno de Colombia y la extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en noviembre de 2016.
El excombatiente confió en que la medida abra probabilidades "para que compañeros y compañeras que no pueden hacer públicamente su acción de defensa a la paz, puedan en algún momento lograrlo".
Gallardo aseguró a la emisora local Blu Radio que, una vez quede en libertad, Santrich buscará ocupar el escaño en el Congreso que no pudo ocupar el 20 de julio del año pasado por haber sido detenido el 9 de abril.
Santrich resultó elegido en los comicios de marzo de 2018, pero un mes después fue detenido por agentes de la fiscalía de Colombia en cumplimiento de una orden de captura internacional con fines de extradición, solicitada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Se acusaba al exguerrillero de un supuesto acuerdo para exportar 10 toneladas de cocaína hacia EEUU por unos 15 millones de dólares y que luego se venderían al detalle por hasta 300 millones de dólares en el mercado estadounidense.
Los presuntos delitos habrían ocurrido entre junio de 2017 y abril de 2018, después de la firma del acuerdo de paz, por lo que no estaban comprendidos en los hechos contemplables por la justicia transicional de la JEP.
La JEP solicitó a EEUU a través de la cancillería colombiana "las evidencias que soportan el pedido de extradición" de Santrich para evaluar en particular las fechas de los hechos.
El Departamento de Estado de EUU rechazó la petición de la JEP por considerar que todas las pruebas en contra de Santrich estaban citadas en la petición de extradición.
La JEP sostuvo en su comunicado que "con las pruebas aportadas no se puede evaluar la conducta atribuida a Hernández Solarte [Santrich] ni tampoco determinar la fecha precisa de su realización".
Así, "la aplicación de la garantía de no extradición se fundamentó en que la Sección [de Revisión de la JEP] no pudo evaluar la conducta para determinar la fecha precisa de su realización, dado que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América no remitió las evidencias solicitadas y a que en las interceptaciones telefónicas de otro caso enviadas a la JEP por la Fiscalía no se reveló la conducta atribuida a Hernández Solarte en la solicitud de extradición".
La JEP observó además irregularidades en el trámite de extradición, porque la fiscalía no presentó la "solicitud de asistencia judicial que debía tramitar la autoridad extranjera".
No está claro cuándo Santrich podría quedar en libertad, ya que la fiscalía sostiene que es el único organismo facultado para decidir sobre las órdenes de captura de exguerilleros pedidos en extradición.
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Asimismo, la libertad de Santrich, quien participó en los diálogos de paz de La Habana, puede dilatarse, ya que la Procuraduría General de la Nación (Ministerio Público) anunció en un comunicado que apelará la decisión de la JEP.
El Ministerio Público tiene cinco días para sustentar su apelación, que será decidida por la Sección de Apelaciones de la JEP en un máximo de 30 días hábiles.
