Apruébase el "reglamento general para el empleo de armas electrónicas no letales", dice el decreto firmado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
La funcionaria instruyó a los jefes de las cuatro fuerzas federales, la Policía Federal, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la Prefectura y la Gendarmería, a que implementen cursos de capacitación para el uso de pistolas Taser.
También habilita su uso en caso de legítima defensa o de terceras personas, y para impedir la comisión de un delito de acción pública.
El Gobierno enumeró en el decreto los países que tienen incorporado el empleo de este armamento, y alegó que el Tribunal Superior de Justicia de la ciudad de Buenos Aires confirmó su legalidad en abril de 2015.
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El ministro de Justicia, Germán Garavano, defendió la incorporación de las armas de electrochoque.
"Es un reemplazo de las armas de fuego, es una opción menos peligrosa para el victimario y para cualquier persona en situación de peligro", afirmó el funcionario este 7 de mayo.
Recelos
El presidente Mauricio Macri intentó a partir de 2010 incorporar las pistolas Taser para la Policía Metropolitana cuando era jefe de Gobierno (alcalde) de la capital argentina (2007-2015), aunque finalmente desistió de su propósito.
"Estas armas podrían tener relación con la muerte posterior de varias personas, como Amnistía Internacional ha señalado en sus informes sobre EEUU y Canadá", destacó el organismo en un informe de diciembre de 2018.
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos evalúa una denuncia contra el Estado argentino presentado por la agrupación H.I.J.O.S y el Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires, que calificó las pistolas Taser como "picanas portátiles".
