Petrobras comenzó a operar en Uruguay en 2004, cuando adquirió el 55% de las acciones de la empresa Conecta S.A., dedicada a la distribución de gas natural para varias ciudades uruguayas. En 2006 extendió su servicio a la capital, al comprar el 66% del capital accionario de la compañía Montevideo Gas. En 2011, aumentó su participación al 100% de la empresa.
El conflicto entre la compañía y los trabajadores se agravó en los últimos años, cuando Montevideo Gas anunció la desafectación de varios empleados. Tras varios paros, y sin avances en las negociaciones, tres empleados iniciaron en 2018 una huelga de hambre que se extendió durante 25 días. Finalmente, las partes alcanzaron un acuerdo para el reintegro de una veintena de trabajadores y la medida quedó sin efecto.
Sin embargo, la situación volvió a tensarse en marzo de 2019, cuando los trabajadores anunciaron que ocuparían la planta que la empresa tiene en Montevideo para comenzar a operar en régimen de "control obrero".
La Justicia también ordenó al sindicato "abstenerse especialmente de asumir el giro empresarial, tomando contacto con clientes y proveedores mediante amenazas de iniciar el control obrero".
A pesar de la resolución judicial, los trabajadores anunciaron que continuarían la ocupación. El 25 de abril, el sindicato mantuvo el 'control obrero' durante más de 12 horas. Finalmente, y ya con efectivos policiales en el lugar, el sindicato accedió a desocupar la planta, aunque con el inicio de una huelga de hambre confirmado para este lunes.
Las ocupaciones y el 'control obrero' en la normativa uruguaya
El conflicto en la compañía del gas uruguaya puso en debate el 'control obrero' en un país suramericano en el que la toma de lugares de trabajo por parte de los sindicatos está regulada desde 2006.
En efecto, un decreto de ese año firmado por el presidente Tabaré Vázquez durante su primer Gobierno (2005-2010) estableció que "la ocupación parcial o total de los lugares de trabajo, en cuanto modalidad de ejercicio del derecho de huelga, deberá realizarse en forma pacífica".
El decreto dispuso expresamente, además, que "los ocupantes no podrán asumir el giro o funcionamiento normal de la empresa, salvo en aquellos casos en que el empleador haya abandonado la explotación o no tenga representante en el país".
A raíz del conflicto en la compañía del gas, el ministro de Trabajo uruguayo, Ernesto Murro, aclaró que el Poder Ejecutivo no permitiría el 'control obrero' de la planta, dado que el decreto sobre las ocupaciones "es muy claro en cuanto a la diferenciación entre una ocupación y un control obrero". El secretario de Estado afirmó, además, que esa normativa "nunca ha sido cuestionada por el movimiento sindical" de ese país.
Para la Uaoegas, el 'control obrero' se justificaba en este caso porque "hay sobradas pruebas de que Petrobras se quiere retirar de la concesión" y el servicio "va a quedar destruido", según explicitó el sindicato en declaraciones públicas.
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La normativa uruguaya sobre las ocupaciones de lugares de trabajo fue varias veces cuestionada por las cámaras empresariales de ese país, que suelen recordar que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) considera que las medidas no deben impedir que los trabajadores no huelguistas no puedan acceder a los puestos de trabajo.
De todos modos, en su publicación 'Principios de la OIT sobre el derecho de huelga', la entidad internacional aclara que para su Comisión de Expertos sobre el tema "sería preferible que la imposición de restricciones a los piquetes de huelga y a la ocupación de los lugares de trabajo se limitaran a los casos en que estas acciones dejen de ser pacíficas".
