En 1958 el Gobierno de Carlos Ibáñez del Campo aprobó la ley N° 13.196, conocida como ley Reservada del Cobre, que estipula destinar ingresos de la venta del valioso mineral —principal producto de exportación del país— para la compra y mantenimiento del armamento y materiales de las Fuerzas Armadas (FFAA) del país.
La norma de 1958 fue sustancialmente modificada varias veces durante la dictadura militar (1973-1990). Entre otras cosas, Augusto Pinochet dictaminó que el 10% de las ventas de la minera Codelco —la productora de cobre más grande del mundo— fueran a parar a los bolsillos castrenses.
También impuso un "piso anual de financiamiento" de 180 millones de dólares y un tope de gasto de la partida del ministerio de Defensa Nacional que no podía exceder el 3,5% del Producto Nacional Bruto.
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En 2004 la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos elaboró un informe (Budgeting in Chile) en el que subraya las virtudes de la administración financiera en Chile, con una pequeña salvedad: se calificó como "altamente inapropiado" el financiamiento de las FFAA.
Desde que se hizo público el contenido de la ley Reservada del Cobre empezaron a salir a la luz millonarios casos de corrupción en las FFAA. En virtud de su total opacidad, el Ejército chileno y proveedores se habrían apropiado indebidamente de nueve millones de dólares sólo entre 2009 y 2014.
"Las FFAA han actuado con una total autonomía y con total secretismo, con una mínima fiscalización y auditoría pública —reconoció el diputado por el Frente Amplio chileno, Tomás Hirsch—. Todo eso genera la mejor de las combinaciones para la corrupción".
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En agosto de 2018 el presidente Sebastián Piñera envió un proyecto de ley —no el primero en esta materia— para derogar la norma; actualmente está siendo estudiado en el Senado.
Según el diputado, el financiamiento de las FFAA tiene que presupuestarse y elaborarse en base a planes quinquenales, y no debe haber un piso mínimo de financiamiento. "Debe ser discutido, tal como sucede en otras áreas del presupuesto", aseguró.
"Cuando [el financiamiento] queda sujeto a la venta del cobre, en definitiva también le significa una complicación a las FFAA, ya que termina dependiendo de la fluctuación de los precios de un commodity en el mercado internacional. (…) Es un modo bastante irregular de planificar el financiamiento de las FFAA".
Hirsch considera que el 10% que estipula la ley es un "impuesto adicional" y "una carga insostenible" para cualquier empresa. Que Codelco deba destinar 10% de sus ganancias a las FFAA genera "una obligación de rentabilidad que es tremendamente difícil de alcanzar y que termina generando un déficit en el aporte que entrega al Estado chileno", dijo el diputado.
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"Por lo tanto, en última instancia, es un impuesto que terminamos pagando todos los chilenos, ya que son recursos con los que dejamos de contar", sostuvo.
Posibles contrapartidas de derogar la ley
"El hecho de que Codelco aporte un 10% a las FFAA de algún modo significó un salvataje de la brutal ola privatizadora que hemos vivido en Chile durante los últimos 35 años", resumió Hirsch. En definitiva, la eliminación de la ley podría abrir la puerta a una eventual privatización de Codelco o a capitales privados.
"Nosotros y gran parte de los partidos políticos de Chile rechazamos la privatización. Evidentemente en el momento que se elimine el 10% hay que hacer gestiones muy claras que impidan avanzar en la privatización de Codelco, que necesariamente debe seguir siendo una empresa pública que aporte recursos a todos los chilenos", abundó.
Otro de los aspectos que quedarían pendiente sería modificar el sistema de gestión de compras de las FFAA, que, de derogarse la ley, no cambiaría.
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"Tiene que existir un mecanismo que no dependa exclusivamente de la FFAA como sucede hoy, que en definitiva lo que hacen es competir una rama con la otra", dijo Hirsch.
