"De la cabeza de la organización ilegal proviene la concepción de actuar mediante el uso de las armas contra los representantes de las autoridades (…), esa orden establecida por el Comando Central del ELN habría motivado la retención ilícita y posterior asesinato de Edilbrando Roa López y Jhon Alejandro Morales Patiño, dos investigadores del CTI de la Fiscalía (…) el 2 de septiembre de 1998" en Sonsón (Antioquia, noroeste), indicó el 17 de abril el ministerio Público en un comunicado.
El llamado a juicio compromete a Nicolás Rodríguez Bautista, alias "Gabino"; Israel Ramírez Pineda, alias "Pablo Beltrán"; Eliécer Herlindo Chamorro, alias "Antonio García", y Rafael Sierra Granados, alias "Ramiro Vargas", quienes deberán responder por los delitos de secuestro simple y homicidio agravado.
Según la Fiscalía, el día de los hechos, "hombres armados del frente Carlos Alirio Buitrago del ELN interceptaron el vehículo en el que se movilizaban los dos funcionarios y se los llevaron en contra de su voluntad. Horas después, las víctimas fueron encontradas muertas".
El juicio contra los líderes del ELN se realizará en un juzgado penal de Antioquia y los guerrilleros serán procesados en ausencia, ya que, según el Gobierno colombiano, algunos se encuentran en Cuba, donde hacían parte de la delegación de paz del ELN.
En febrero de 2017 la guerrilla del ELN inició diálogos públicos de paz con el Gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018), pero fueron suspendidos el pasado 7 de agosto, cuando asumió como mandatario Iván Duque, quien exigió al grupo rebelde la liberación de todos los secuestrados y el cese de hostilidades como condición para reanudar las conversaciones.
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Sin embargo, a raíz de un atentado con coche bomba perpetrado por el ELN el pasado 17 de enero contra la Escuela de Cadetes General Santander, en Bogotá, que dejó 22 estudiantes de esa institución muertos y 66 más heridos, el Gobierno canceló los diálogos de manera unilateral.
Asimismo, a raíz del atentado, Colombia reclama a Cuba que extradite a los diez delegados de paz del ELN que permanecen en la isla, tras señalar que se trató de un acto terrorista por fuera de un proceso de negociación de paz.
Cuba sostiene que respeta el protocolo del fin del acuerdo de paz y que, como tal, no entregará a los delegados de la guerrilla.
