"España va a respaldar absolutamente a las empresas españolas en Cuba y entendemos que la Unión Europea también lo va hacer", dijo en rueda de prensa la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá.
En opinión de Madrid, las empresas españolas presentes en Cuba llevan a cabo "acciones comerciales legítimas", por lo que su actividad será defendida ante un posible perjuicio derivado de los últimos movimientos de EEUU.
El título III de la ley establece mecanismos por los que ciudadanos de EEUU, incluidos los cubanos nacionalizados, pueden demandar a empresas que supuestamente se benefician de propiedades nacionalizadas que eran suyas o de sus familias antes del triunfo de la Revolución cubana en 1959.
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Ese apartado de la ley permaneció suspendido de manera ininterrumpida desde su entrada en vigor, por períodos renovables de seis meses, como parte de un acuerdo de entendimiento alcanzado entre la UE y Estados Unidos en 1998.
Desde el pasado el 4 de abril, la suspensión se encuentra vigente sólo hasta el 1 de mayo, fecha en la que podría empezar a aplicarse la ley Helms-Burton en su totalidad.
Esto abre la puerta a la presentación de múltiples demandas contra empresas españolas.
Según el Ministerio de Asuntos Exteriores, "España es el principal inversor en Cuba en una amplia gana de sectores tales como el turismo, industrias varias, servicios financieros y suministros de aguas o cemento".
En distintas ocasiones, España trasladó a las autoridades estadounidenses su rechazo a la aplicación completa de la ley Helms-Burton.
Revisar la Ley Helms-Burton "sólo busca asustar a los inversionistas extranjeros en Cuba" https://t.co/JBekQvdtwS
— Sputnik Mundo (@SputnikMundo) January 18, 2019
Madrid cree que su aplicación puede traer consecuencias negativas a las relaciones bilaterales entre EEUU y España, además de dañar los vínculos de Washington con la Unión Europea.
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Además del perjuicio económico que pueden generar las posibles demandas a las empresas españolas, Madrid rechaza esta norma al entender que la "aplicación extraterritorial de leyes nacionales sancionadoras" es "contraria al derecho internacional".
