"El acuerdo final de paz de Colombia es un acuerdo amplio que incluye compromisos entrelazados para poner fin al conflicto (…) Por lo tanto, es fundamental aplicar el acuerdo de manera integrada y garantizar que todas las áreas de su implementación cuenten con los recursos adecuados", dijo Ruiz Massieu en su discurso frente al Consejo de Seguridad.
Ruiz Massieu pidió que la Ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se apruebe lo antes posible luego de que el presidente Iván Duque objetara seis artículos del marco regulatorio.
"El mes pasado, el presidente (Iván) Duque objetó seis artículos del proyecto de Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) (…) Esta Ley Estatutaria es el último mecanismo que falta en el marco legal de la Jurisdicción Especial para la Paz y es necesaria para que esta institución pueda operar con la necesaria independencia y autonomía", agregó.
Consideró que la Jurisdicción Especial para la Paz ha tenido "resultados notables", porque está investigando violaciones que afectan a más de 820.000 víctimas.
El jefe de la misión de la ONU en Colombia también dijo que espera que las reformas de la Constitución que planea el Gobierno no se apliquen retroactivamente a aquellos que han dejado las armas.
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"Cualquier iniciativa de este tipo no debería aplicarse de manera retroactiva a quienes dejaron las armas de buena fe y sobre la base de los compromisos contraídos en virtud del acuerdo (…) el principio de la no retroactividad es fundamental para preservar la confianza en el futuro del proceso", agregó.
El pasado 10 de marzo, el presidente Duque anunció la objeción a seis de los 159 artículos que componen la ley estatutaria de la JEP por considerarlos inconvenientes.
Sin embargo, varios sectores sociales y políticos sostienen que el Gobierno busca dilatar y entorpecer la implementación del Acuerdo de Paz y restarle competencias al tribunal, creado en el marco de los diálogos de paz de La Habana para juzgar a excombatientes, militares y terceros que financiaron el conflicto.
La ley estatutaria es la norma que establece mecanismos claros a la JEP para que haga seguimiento a los casos relacionados con el conflicto armado y pueda evaluar si los comparecientes aportan a la verdad plena, a la reparación de las víctimas y ofrecen garantías de no repetición, por lo que su paso por el Congreso retrasará aún más su implementación, pese a que la Corte Constitucional ya le dio su aval en 2018.
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