En una declaración difundida el 8 de abril, 49 legisladores —en su mayoría, representantes de la región occidental del país—, expresaron "gran preocupación" por las operaciones militares que continúan cerca de la capital.
Los parlamentarios expresaron su adhesión a una solución política y su total rechazo al uso de la fuerza y los intentos de presentar ya un hecho consumado.
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También exigieron a la Organización de las Naciones Unidas que reacciones con más vigor a los acontecimientos actuales y asuma su deber de proteger a los civiles, apoyando al pueblo libio en su crisis a través de una solución pacífica.
La nueva espiral de tensión se inició después de que Haftar ordenara el 4 de abril una ofensiva contra Trípoli para "liberarla de los terroristas".
En respuesta, el Gobierno de Unidad Nacional de Fayez Sarraj, que controla la capital y es reconocido como legítimo por el Consejo de Seguridad de la ONU, declaró el estado de emergencia y movilizó sus fuerzas.
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El 7 de abril las fuerzas leales al Gobierno de Unidad Nacional anunciaron la operación 'Volcán de la Ira' contra Haftar, mientras que el Ejército Nacional Libio inició la fase aérea de su ofensiva.
Los enfrentamientos entre los bandos del conflicto ya provocaron más de treinta muertos en los últimos días.
