"Después de 14 años de ardua batalla legal, la Dirección Desconcentrada de Cultura del Cusco ha logrado demostrar que las más de 22 mil hectáreas de tierras de Machu Picchu son de propiedad del Estado peruano y no de una familia", dijo el viceministro de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales, Guillermo Cortés Carcelén, según un comunicado.
La ciudadana Angélica Zavaleta, en representación de sus 6 hermanos, interpuso una acción ante el Poder Judicial en 2005, argumentando que un terreno donde se ubica la ciudadela era propiedad de su familia.
Según sostiene, en la década de 1940 su familia adquirió las tierras a un colono en los tiempos en que recién se estaban realizando los trabajos de exploración del sitio arqueológico.
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Los herederos de la familia Zavaleta sostienen que el Estado nunca les expropió la propiedad ni les pagó por ella.
Asimismo, comunicó que el Poder Judicial ha declarado infundado el recurso de casación interpuesto por la familia Zavaleta ante la sentencia que desestimó el pago de 150 millones de soles (45,5 millones de dólares) por los ingresos que no habría percibido producto de la venta de entradas para visitar la ciudadela.
El Mincul considera que de esta manera queda zanjada una cuestión legal que generaba preocupación en la comunidad cusqueña.
Según cifras del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, la ciudadela de Machu Picchu recibió 1,6 millones de turistas nacionales y extranjeros en 2018, siendo el principal atractivo turístico de Perú.
