"El juez dictaminó que los activos de Chevron en Canadá no eran exigibles para satisfacer la sentencia ecuatoriana. También sostuvo que no es posible levantar el secreto corporativo de Chevron no podía ser perforado. Sus fallos fueron confirmados en la instancia de apelación", sostuvo la Corte Suprema en un comunicado publicado en su página web.
Así, los litigantes que ganaron un juicio contra Chevron en 2011 fracasaron en su intento de que la justicia canadiense obligue a la empresa a pagar con sus activos en ese país norteamericano las indemnizaciones ordenadas por la sentencia que emitió el Poder Judicial de Ecuador.
Chevron heredó este problema legal al adquirir a la empresa petrolera Texaco en 2001.
Luego de más de 25 años, la justicia ecuatoriana sentenció en 2011 a Chevron a pagar 9.500 millones de dólares por los daños que Texaco ocasionó al ambiente durante su operaciones en Ecuador entre 1964 y 1992 en las provincias amazónicas de Sucumbíos y Orellana (noreste).
Los demandantes primero presentaron un litigio colectivo en Estados Unidos, pero Texaco se opuso con éxito a esa acción por motivos jurisdiccionales.
Luego, iniciaron una nueva acción en los tribunales ecuatorianos que desembocó en una sentencia condenatoria para Chevron y la orden que de que pagara 9.500 millones de dólares a las comunidades afectadas por la vía de medidas de limpieza y reparación de daños ambientales, así como gastos de salud a las personas afectadas.
Como Chevron no tenía activos en Ecuador, los litigantes llevan varios años intentando hacer cumplir la sentencia en distintos países.
Empezaron por Estados Unidos, donde fracasaron.
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Posteriormente, iniciaron una acción en Canadá, que el 4 de abril rechazó la solicitud.
Uno de los argumentos básicos de la defensa de Chevron fue que en 1998, luego de un cuestionado programa de remediación de 40 millones de dólares basado en un acuerdo de 1995 entre Texaco y la estatal Petroecuador, el Gobierno ecuatoriano liberó a Texaco y a sus compañías filiales de cualquier reclamo y responsabilidad con respecto a los esfuerzos de limpieza.
Los demandantes sostienen que el acuerdo no liberó a la empresa de litigios de terceros afectados.
